El día viernes 25 de marzo, se celebraron en Washington, Estados Unidos, tres nuevas audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, desarrolladas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La primera audiencia trató sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, cuyo trabajo está siendo gravemente obstaculizado por las fuerzas policiales y militares hondureñas, a tal punto que siguen siendo víctimas de hostigamientos, amenazas, detenciones ilegales, asesinatos y atentados, como el que ocurrió el lunes 28 de marzo cuando supuestos elementos de la policía nacional en San Pedro Sula lanzaron un artefacto explosivo al techo del edificio donde funciona la Comisión de Verdad.
La segunda audiencia se refirió al uso desproporcionado de la fuerza por la Policía y el Ejército contra manifestaciones pacíficas de los sectores sociales, lo cual ha producido un número elevado de detenciones ilegales, personas heridas y acusadas de sedición, la muerte de la profesora Ilse Ivannia Rodríguez Velásquez, la detención arbitraria y heridas contra Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, y la persecución y hostigamiento contra la prensa independiente.
La tercera audiencia se ocupó del caso de los jueces y la magistrada destituida por oponerse al golpe de Estado y en ella quedó demostrado una vez más el alto grado de politización e incapacidad del poder judicial hondureño y su compromiso con la impunidad.
Todas las audiencias fueron transmitidas en vivo y el libreto fue el mismo de siempre: Por un lado, los representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron argumentos irrefutables acerca de la profundización de la crisis política y de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
Por el otro lado, los representantes del Estado demostraron su falta de capacidad, de ética y compromiso con la verdad y la justicia, y ante su incapacidad para defender lo indefendible, nuevamente intentaron en vano descalificar el trabajo de quienes los dejaron en ridículo en Washington.
Otra vez el Estado de Honduras quedó en evidencia ante la comunidad internacional y ante la brutal represión que ha iniciado desde la semana pasada de manera pública y manifiesta, el discurso que abandera la abogada Ana Pineda, Ministra de Derechos Humanos, cae en el vacío de la demagogia.
Ante esta situación, en nombre de la dignidad humana y de la superioridad de los valores que representan los derechos humanos exigimos el cese a la represión y exhortamos a la abogada Pineda que no continúe siendo parte de un gobierno criminal. La historia jamás olvida.
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