Adán Guillermo López Lone y otros vs Honduras es el primer caso por hechos relacionados con el golpe de Estado
San José, 5 de abril del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes fueron despedidos arbitrariamente por manifestarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.
En un comunicado emitido el viernes pasado, la CIDH anunció que el caso cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y por ello continuará estudiando la petición que había sido presentada el 5 de julio del 2010 por la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Ambas organizaciones participaron en una audiencia pública para debatir la admisibilidad del caso el pasado 25 de marzo, durante el 141.er periodo de sesiones de la Comisión Interamericana.
El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.
La petición presentada por la AJD y CEJL denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.
El caso de los jueces y la magistrada despedidos es el primero que la CIDH admite sobre hechos relacionados con el golpe de Estado ocurrido en Honduras. CEJIL y AJD celebran la decisión de la Comisión Interamericana, la cual cuestiona la legalidad de las acciones del Estado hondureño en momentos en que las autoridades insisten en negar que hubiera existido un rompimiento del orden constitucional y además mantienen sanciones arbitrarias en contra de los jueces y la magistrada por haber ejercido su derecho a defender la democracia y el Estado de Derecho.
La insistencia del Estado en continuar con estas violaciones contradice los pronunciamientos de representantes de mecanismos internacionales de protección como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras y el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.
La AJD y CEJIL continuarán impulsando el trámite de este caso que reviste especial importancia no solo porque su resolución producirá la ulterior restitución de los funcionarios judiciales en sus puestos, sino porque las recomendaciones de la CIDH podrían impulsar algunas reformas normativas que contribuyan al fortalecimiento de la independencia judicial y al respeto de la libertad de expresión. Dadas las circunstancias actuales en Honduras, estos dos aspectos, entre otros, requieren especial atención de la comunidad internacional.
Periodista en Costa Rica de CEJIL: Darío Chinchilla
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