Antes de la breve pausa con aparente estabilidad hoy jueves 31 de marzo, por el conversatorio entre el Congreso Nacional y la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), la ciudadanía ha padecido el peor período de violaciones a sus derechos humanos. Un estado de emergencia, sin duda, que implica a la policía y al ejército del régimen de facto que dirige el país.
Los hechos sucedidos en forma sistemática desde hace tres semanas, con participación directa del aparato administrativo del Estado y los instrumentos de monopolio de la violencia -- la Policía Nacional y el Ejército--, han atraído de nuevo en forma leve la atención internacional sobre Honduras.
Todavía muy insuficiente la mirada de la comunidad mundial sobre la crisis generada por el golpismo en el país, pero es clave para hilvanar soluciones institucionales que generen consensos sociales y políticos mínimos para transformar el país.
Por eso, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicita con urgencia la emisión de posicionamientos políticos desde los distintos espacios de solidaridad y de los foros políticos interestatales, para que cese la violencia y represión desproporcionados que las fuerzas militarizadas lanzan contra la población civil descontenta, demandante, en resistencia desde el golpe de estado de junio 2009.
En las diferentes regiones geográficas del país las manifestaciones de la población en general, en solidaridad con la resistencia magisterial que defiende la educación pública gratuita, fueron reprimidas con uso excesivo de fuerza, incumpliendo especificaciones de Naciones Unidas para el uso de armas no letales.
El Paro Cívico Nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, ha dejado un balance trágico:
Norte
En San Pedro Sula, cabecera del departamento de Cortés, la hija de la ex diputada por el Partido Unificación Democrática, Silvia Ayala, fue herida durante el violento desalojo de estudiantes del Centro Universitario del Valle de Sula, donde también hubo decenas de estudiantes y docentes detenidos.
El joven estudiante Josué Rodríguez (20), fue impactado al lado de su oreja derecha por un cilindro metálico con gases, lanzado por la policía al interior del inmueble universitario.
Las instalaciones del Centro Regional Universitario fueron rodeadas por piquetes de policías y soldados, para impedir la salida del estudiantado y docentes, mientras eran agredidos con bombas lacrimógenas lanzadas directamente a los cuerpos, provocando desmayos y vómitos por la inhalación de gases.
En los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, La Lima y Choloma, Cortés, hubo 43 personas detenidas por participar en el Paro Cívico, siendo liberadas de las postas policiales hasta entrada la noche de ayer miércoles, con señales de golpes en algunos casos y testimonios de insultos y frases discriminatorias.
En el desvío Las Flores, Santa Cruz, departamento de Cortés, el Comisionado Rubí, sobrino del actual Fiscal General, desató una violenta represión contra la manifestación y ordenó la detención de 17 personas, que fueron trasladadas a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, entre ellas Lidia Arita, Nedi Santos Castillo, Antonio Maradiaga y Glenda Cabrera. En este lugar hubo seis personas heridas de bala, entre ellas Daisy Sabillón y Manuel Miranda, trasladados por particulares al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula.
Las fuerzas antimotines, además, poncharon las llantas de más de 30 vehículos, utilizando sus armas de fuego y cuchillos, y persiguieron con gases lacrimógenos y disparos a sus propietarios que se refugiaron en la zona boscosa del lugar.
En Potrerillos, municipio del departamento de Cortés, a la altura de la Colonia El Triunfo, fueron detenidas 5 personas, quienes fueron lesionadas en la cabeza (Alejandro Duarte García), golpes en las piernas (Luciano Barrera Monroy); y lesiones en sus muslos (Haydee Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo Rodríguez).
Los abogados Evaristo Euceda e Iris Bude, quienes realizaban acciones de defensa de derechos humanos en la posta policial de Villanueva, fueron agredidos verbal y físicamente por el sub inspector policial de esa localidad.
En la comunidad de Tacamiche, asentamiento campesino perteneciente al municipio de La Lima, Cortés, las fuerzas represivas entraron a disparar gases tóxicos al interior de las viviendas en venganza por la toma de la carretera hacia el municipio de San Manuel y Villanueva, Cortés. La directora de la Escuela de la comunidad, Profesora Esmeralda Flores, junto con los maestros Fabricio Sevilla y Pedro Valladares, fueron trasladados a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula.
Colón
Durante el Paro Cívico convocado el miércoles 30 de marzo por el FNRP fue muerto un hombre en la comunidad de Planes, municipio de Tocoa, en el norte del país, como consecuencia de la disolución forzada de las manifestaciones por la Policía y los militares, utilizando balas vivas contra la población. Era un guardia de seguridad de una empresa distribuidora de pollos.
En ese mismo lugar, ubicado cerca de la zona conflictiva del delta del río Aguán – escenario de frecuentes disputas por la tenencia de la tierra – fueron heridas de bala 11 personas incluyendo labriegos, educadores y supuestamente policías.
Entre las personas heridas de bala fueron identificadas la profesora Waldina Díaz, maestra de Trujillo; Neptalí Esquivel, de la cooperativa campesina Nueva San Esteban; Mauro Rosales del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA); David Corea, camarógrafo de la televisión de Olanchito; Juan Antonio Vásquez, presidente de la empresa campesina Bolero; Paulino Chávez Rosales y Franklin Hernández de la Cooperativa campesina 4 de marzo; Víctor Euceda de la Cooperativa campesina 4 de febrero; Daniel Pérez de la Cooperativa campesina 4 de diciembre; profesores Elías Erazo Hernández y Eduardo Rivera, de la comunidad de los Leones, Municipio de Trujillo.
También se reportó la detención de ocho personas que fueron trasladadas a la Jefatura Policial de Sabá.
En la Región Central
En Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuevamente fue blanco de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, con centenares de bombas lacrimógenas lanzadas al interior del campus, desde donde reaccionaron los estudiantes lanzando piedras.
En la incursión militar a un sector periférico de la Universidad fueron detenidos seis jóvenes acusados por manifestación ilícita, ellos son Maynor Lizandro Aguilar (18), Marlon Alexander Rosales Rico (22), Douglas Manuel Flores (18); además, Oneyri Oneill Moreno Mejía del Colectivo Arco Iris, Marlon Nahúm Estrada, despachador de taxis en la UNAH; Josué Sevilla y Elwin Meza fueron golpeados con toletes en su espalda. Todos fueron liberados durante la tarde.
En las cercanías de la colonia Las Brisas, sur de Tegucigalpa, fueron bajadas tres personas de un autobús y llevadas detenidas a la Estación Policial del Barrio La Granja, entre ellos dos menores de edad, Emerson Stevez Flores (15), Víctor Geovanny Flores (14), y Wilfredo Flores Aguilar (33), liberados tres horas después de su detención.
Antes del mediodía, seis hombres vestidos de civil y fuertemente armados, intentaron secuestrar al joven Edy Guifarro, empleado de la Comisión de Verdad, cuando el taxi en que se conducía hizo un alto a la altura de la Colonia San José de la Vega. Los individuos rodearon la unidad de transporte, le golpearon su cuerpo y cabeza con las armas, pero Edy logró escapar corriendo cerca de los vehículos que se aglomeraron; los policías le siguieron y le dispararon en 6 ocasiones, sin importarles que pudieran lesionar a las personas que se encontraban en la zona. Guifarro presenta ruptura del tímpano y golpes en el cráneo.
En la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH, agentes policiales de inteligencia intentaron plantar evidencia contra esta organización magisterial al “descubrir” y reportar al Ministerio Público una caja de bombas molotov depositadas en el basurero público próximo a la sede. La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, calificó la acción como una pre-fabricación de evidencias para despojar a la organización de su personalidad jurídica.
En el Municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias que habían tomado posesión de un predio desde hace siete años, al que han denominado Colonia 25 de Octubre, fueron desalojadas violentamente por elementos de la policía y del ejército, acompañados de un Juez ejecutor, destruyendo las casas que tenían en el lugar, incluyendo la escuela y la iglesia de la comunidad. Fueron detenidas cinco personas, Betuel Guillen (19), Edwin Guillen (18), Pedro Joel Hernández, Selvin Javier Centeno y Osmán Gómez (19).
En el Sur del país
En Nacaome, cabecera del departamento de Valle, también la policía y el ejército lanzó una cruenta represión con gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban niños y niñas, quienes fueron afectados severamente. Un bebé de dos meses de nacido, Cristopher de Jesús Bonilla García, fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial, después de sortear a la policía que impedía a sus padres prestarle auxilio lanzándoles gases lacrimógenos directamente a sus cuerpos. Su padre, un joven de diecisiete años, tuvo que saltar un muro, darle respiración boca a boca al niño inerte y depositarlo, luego, en brazos de su abuelo, quien a bordo de una motocicleta pudo llevarlo hasta un médico que lo auxilió.
En la represión también fueron perseguidos y detenidos los menores Mario de Jesús Sauceda (19) y José Raúl Mendoza Posadas (17), este último se encontraba comprando alimentos por encargo de su madre. Igualmente, fue detenido durante varios minutos el defensor de derechos humanos, Andrés Abelino Ortiz Ortega (74).
En la comunidad de La Flor, del municipio de Amapala, departamento de Valle, agentes policiales que se transportaban en lanchas, se presentaron a la comunidad a intimidar a sus pobladores, exigiéndoles informaran si eran de la Resistencia manifestante durante el Paro Cívico.
Este es el reporte de hechos de un solo día; sin embargo, la tendencia es que al continuar las manifestaciones, el patrón de agresión a las personas, a sus derechos humanos, continuará siendo el mismo “por sedición y manifestación ilícita”.
Los días precedentes han sido caracterizados por la violencia institucional escalonada, por lo que es lógico deducir que los días venideros tendrán además de las fuerzas combinadas de la policía ay el ejército a civiles infiltrados con armas para provocar a los manifestantes a enfrentamientos, que acabarían en masacres.
Es urgente que el mundo vuelva sus ojos de nuevo a Honduras, ahora; mañana puede ser tarde.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
31 de marzo de 2011
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