Dada la gravedad de la situación de los derechos humanos en Honduras, no es de extrañarse que en las últimas semanas, dos organismos internacionales de reconocido prestigio se hayan pronunciado públicamente al respecto.
En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la continuidad de prácticas violatorias a los derechos humanos, como las comprobadas a partir del golpe de Estado, sobre todo en lo referente al uso desproporcionado de la fuerza pública para reprimir manifestaciones “contrarias a las políticas del actual Gobierno, la falta de independencia del poder judicial y la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos”.
Por ello, la Comisión instó al Estado hondureño a implementar un protocolo de protección a defensoras y defensoras de derechos humanos, y a promover en los diversos ámbitos del régimen y en la sociedad hondureña una cultura de reconocimiento al trabajo de éstos como elementos indispensables para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia.
En segundo lugar, Human Rights Watch denunció la brutalidad policial que ha producido la muerte de Ilse Velásquez Rodríguez, golpizas y otros abusos contra manifestaciones del magisterio, estudiantes y otros sectores que se oponen a las reformas al sistema de educación pública, y agresiones contra periodistas que cubren las jornadas de represión.
Para esta organización, ante el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, el lanzamiento de gases lacrimógenos indiscriminadamente y las golpizas contra los manifestantes, el régimen de Lobo Sosa no debe tolerar en ningún caso estos tratos abusivos y tiene la obligación de promover sanciones disciplinarias, incluida la pérdida del cargo y acciones penales en contra de aquellos policías y militares involucrados en tales violaciones.
Pese a la contundencia de las denuncias de estos dos órganos internacionales, el régimen continúa con su discurso y practica que criminaliza la disidencia y a quienes denunciamos nacional e internacionalmente las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos que no han parado de cometerse en el país desde el golpe de Estado.
El recrudecimiento de la represión con su consecuente impacto mediático, debe servir para que la comunidad internacional vuelva a colocar responsablemente la vista en Honduras, y sobre todo para que el fiscal de la Corte Penal Internacional decida lo más pronto posible iniciar la investigación penal de los altos responsables civiles, policiales y militares responsables de estos crímenes.
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