El pasado 13 de
marzo, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes, junto con los juzgados de ejecución de San Pedro Sula,
Santa Bárbara y El Progreso, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, realizaron
una visita de inspección al centro penitenciario de Ilama, más conocido como
“El Pozo”.
Los primeros
hallazgos de esta visita ratifican la militarización del sistema penitenciario
y el alto número de personas en prisión preventiva. Por un lado, en “El Pozo” hay
140 policías militares y apenas 52 agentes penitenciarios. Por otro lado, de
las 1804 personas recluidas, 1112 están procesadas y 672 condenadas. Ambos
datos demuestran el incumplimiento del Estado de los estándares internacionales
en la materia.
A su vez, se
constató la existencia de reiterados abusos cometidos por parte de FUSINA y la
Policía Militar al emitir órdenes arbitrarias e ilegales y contrarias a la
propia Ley del Sistema Penitenciario, así como el uso indebido de la fuerza y
armas no letales, el encierro prolongado y las agresiones físicas y
psicológicas.
En algunos módulos
las personas privadas de libertad se encuentran en condiciones infrahumanas, ya
que en una celda construida para albergar a 9 personas se encuentran 13 o 15,
lo cual, sumado al encierro total en condiciones antihigiénicas, les expone a
pandemias y diversas enfermedades.
La alimentación es
deficiente y poco nutritiva, el agua que les proporcionan no es apta para el
consumo humano, ya que contiene tierra y presenta color amarillento. Los
familiares que les visitan reciben tratos denigrantes por parte de los policías
militares.
Tienen prohibido la
lectura de libros y no tienen acceso a las cartas y fotografías que sus
familiares les envían. Estos y otros hallazgos demuestran la gravedad de la
situación de los centros penales en el país, y, teniendo en cuenta el
autoritarismo del régimen nacionalista, confirman el peligro para quienes se
oponen a él.
Cuando el
Ministerio Público acusó a la gente de Guapinol de criminalidad organizada lo
hizo con la intención de asegurar que fuera enviada a este infierno
militarizado que representa “El Pozo”. Edwin Espinal y Raúl Álvarez llevan más
de un año en una cárcel similar criminalizados en el contexto de las protestas
ciudadanas contra al fraude electoral.
No podemos ignorar
que el régimen tiene las armas, las leyes, las instituciones y las cárceles
para castigar a quienes nos oponemos a la imposición de su sistema de muerte. Pero
nosotros y nosotras tenemos la dignidad para echar abajo a la organización
criminal que gobierna.
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