El deterioro del país es de tal magnitud que es imprescindible que los sectores democráticos opuestos al proyecto dictatorial del actual régimen tengamos claro que la única manera de avanzar hacia una vida nueva es mediante la refundación del Estado.
Ello representa una oportunidad para redefinir los pilares de una nueva institucionalidad que descanse en mayores formas de cooperación social y en un discurso feminista sobre la casa, el territorio y la familia, y ponerlo al centro de la política de lo común.
En este sentido, se requiere de un profundo proceso de democratización en dos dimensiones: la democratización política que implica, entre otras cosas, una mayor participación de grupos y personas en la fundación y control de los aparatos del Estado, y en la organización y funcionamiento del poder público.
Y la democratización de género que coloque en un plano de horizontalidad las relaciones desiguales de poder que históricamente han marcado la casa, los cuerpos y la familia, ya que la democracia se queda inconclusa sin una despatriarcalización de las relaciones humanas.
Por tanto, por coherencia democrática no podemos denunciar el autoritarismo del Estado y exigir la democratización de la vida pública, si en el ámbito privado se promueven y sostienen dictaduras particulares sustentadas en relaciones desiguales de poder que oprimen la dignidad humana, particularmente de las niñas y mujeres.
En otras palabras, tenemos la obligación de asumir “la lucha por la democracia en lo privado y en lo público” y, como lo señaló nuestra querida Berta Cáceres, “enfrentar a la dictadura basada en diferentes formas de dominación. No solo es el capitalismo depredador, no solo el racismo que también se ha fortalecido en esta dictadura, sino también el patriarcado”.
Ello representa una oportunidad para redefinir los pilares de una nueva institucionalidad que descanse en mayores formas de cooperación social y en un discurso feminista sobre la casa, el territorio y la familia, y ponerlo al centro de la política de lo común.
En este sentido, se requiere de un profundo proceso de democratización en dos dimensiones: la democratización política que implica, entre otras cosas, una mayor participación de grupos y personas en la fundación y control de los aparatos del Estado, y en la organización y funcionamiento del poder público.
Y la democratización de género que coloque en un plano de horizontalidad las relaciones desiguales de poder que históricamente han marcado la casa, los cuerpos y la familia, ya que la democracia se queda inconclusa sin una despatriarcalización de las relaciones humanas.
Por tanto, por coherencia democrática no podemos denunciar el autoritarismo del Estado y exigir la democratización de la vida pública, si en el ámbito privado se promueven y sostienen dictaduras particulares sustentadas en relaciones desiguales de poder que oprimen la dignidad humana, particularmente de las niñas y mujeres.
En otras palabras, tenemos la obligación de asumir “la lucha por la democracia en lo privado y en lo público” y, como lo señaló nuestra querida Berta Cáceres, “enfrentar a la dictadura basada en diferentes formas de dominación. No solo es el capitalismo depredador, no solo el racismo que también se ha fortalecido en esta dictadura, sino también el patriarcado”.
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