El general
Julián Pacheco Tinoco es uno de los hombres más poderosos de Honduras gracias a
la información que ha ido obteniendo a lo largo de los años al ocupar
posiciones claves dentro de la estructura estatal de defensa y seguridad.
Primero como
parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas en materia de inteligencia militar,
después como director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
y ahora como titular de la Secretaría de Seguridad.
Es difícil
creer que un militar en esas posiciones tan neurálgicas no tenga al menos una
vaga idea de cómo están estructuradas las redes de narcotráfico en Honduras,
por lo que resulta extraño que nunca haya investigado a los narcos extraditados
a Estados Unidos.
Sin embargo,
una nueva declaración en un juicio por narcotráfico en un tribunal federal de
Nueva York evidencia que el general Pacheco Tinoco tiene vinculación con el
tráfico de drogas.
El
narcotraficante mexicano e informante de la DEA, José Santos, aseguró que se reunió con Pacheco
Tinoco para coordinar la seguridad del paso de un cargamento de cocaína
proveniente de Colombia.
Antes, el
mismo narcotraficante declaró ante un
tribunal del sur de Florida que se reunió con él para que este le ayudara a
recibir envíos de cocaína de Colombia a Honduras.
Del mismo
modo, el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró ante un
tribunal federal de Nueva York que el actual ministro de Seguridad está
vinculado con el narcotráfico.
A su vez, Insight Crime señaló que el ministro
Pacheco es un ejemplo de cómo se han
entrecruzado las élites con el narco, ya que era el jefe del batallón del
ejército en Colón a inicios del 2000 cuando Los Cachiros estaban empezando a
ganar relevancia.
En
una democracia auténtica, este señor ya hubiera renunciado o el presidente de
facto lo hubiera destituido, el Ministerio Público ya hubiera iniciado las
investigaciones correspondientes o el Departamento de Estado de Estados Unidos
le hubiera quitado su apoyo y protección.
El
caso del general Pacheco Tinoco ratifica la sabiduría popular reflejada en el
sondeo de opinión pública del ERIC-SJ en el que el 70.3% de la población manifiesta que el
narcotráfico controla las instituciones del Estado.
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