El Sondeo de
Opinión Pública del ERIC-SJ publicado recientemente refleja que, a pesar del
cerco mediático, la sociedad hondureña tiene claro que la situación en el país
es grave, como lo han venido señalando diversos organismos internacionales que
evalúan el estado de la democracia y el Estado de derecho en el mundo.
Así, frente al
Índice de Democracia del diario inglés The Economist que señala que
Honduras está a un paso de convertirse en un régimen totalmente autoritario, el
61.7% de la población cree que la democracia no se ha fortalecido en estos 10
años y el 83.9% no confía en el Tribunal Supremo Electoral.
Mientras el Índice
del Estado de derecho del Proyecto de Justicia Global señala que Honduras es un
país débil en institucionalidad democrática e independencia judicial, el 88%
cree que las personas juezas, fiscales y magistradas protegen los intereses de
las corruptas y poderosas, y el 82.2% no cree en el Poder Judicial.
Mientras el Índice
de Estados fallidos del Fondo para la Paz señala que Honduras es un país en
advertencia de convertirse en un Estado fallido por la falta de legitimidad e
incapacidad de prestar servicios básicos, el 70.3% cree que el narcotráfico
controla las instituciones del Estado y el 88.7% cree que estamos más pobres
que hace 10 años.
Mientras la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que el gobierno privilegia
la represión frente al diálogo y que la situación de derechos humanos es grave,
el 84%.4 cree que tal situación sigue igual o ha empeorado, y el 65.1% que el
gobierno no respeta a las personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con la
opinión de la gente de a pie reflejada en el sondeo de opinión pública, Honduras
es un narco Estado, con una corrupción extendida en todas las instituciones
públicas y con un gobierno sin legitimidad, lo cual se refleja en la muy baja
nota de 3.6 que recibe el presidente de facto, y en el 62.7% de la población
que piensa que debe salir antes de que termine su mandato ilegal.
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