En nuestro contexto constitucional el Estado es un instrumento o una herramienta que sirve y existe en función del desarrollo de la dignidad de las personas y los derechos humanos. Bajo esta concepción instrumental del Estado, su legitimidad descansa en la protección de las personas, sus derechos y dignidad, lo cual, a su vez, es la causa o razón de su propia existencia.
La propia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “el Estado sólo debe existir, en última instancia, para proteger los derechos fundamentales, pues éstos son fundamento del orden político y de la paz social, sin respeto de los derechos fundamentales no puede haber democracia constitucional ni tampoco, siquiera concordia civil”.
No obstante, no podemos ignorar que el Estado no es un ente por sí mismo ni una simple ficción, sino que tiene nombres y apellidos, cuyos poderes y facultades son ejercidos por personas físicas concretas que actúan o deberían actuar de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la cual constituye el diseño de cómo idealmente tiene que funcionar nuestra sociedad.
Después de 37 años de vigencia de nuestro plano constitucional, la realidad nos muestra que Honduras no ha avanzado en la construcción de una sociedad política, cultural, económica y socialmente justa, y que el Estado, diseñado para promover y proteger la dignidad humana y los derechos humanos, se ha ido convirtiendo en una herramienta de despojo en beneficio de unas minorías.
Por ello, el objetivo primordial de los sectores democráticos del país debe ser la refundación del Estado para recuperar su función instrumental de cara a la protección de la dignidad humana. Y en este proceso es fundamental garantizar que los pilares del nuevo Estado se sustenten en la idea feminista de una dimensión comunitaria de nuestras vidas y de la importancia de lo común como concepto de vida.
La propia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “el Estado sólo debe existir, en última instancia, para proteger los derechos fundamentales, pues éstos son fundamento del orden político y de la paz social, sin respeto de los derechos fundamentales no puede haber democracia constitucional ni tampoco, siquiera concordia civil”.
No obstante, no podemos ignorar que el Estado no es un ente por sí mismo ni una simple ficción, sino que tiene nombres y apellidos, cuyos poderes y facultades son ejercidos por personas físicas concretas que actúan o deberían actuar de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la cual constituye el diseño de cómo idealmente tiene que funcionar nuestra sociedad.
Después de 37 años de vigencia de nuestro plano constitucional, la realidad nos muestra que Honduras no ha avanzado en la construcción de una sociedad política, cultural, económica y socialmente justa, y que el Estado, diseñado para promover y proteger la dignidad humana y los derechos humanos, se ha ido convirtiendo en una herramienta de despojo en beneficio de unas minorías.
Por ello, el objetivo primordial de los sectores democráticos del país debe ser la refundación del Estado para recuperar su función instrumental de cara a la protección de la dignidad humana. Y en este proceso es fundamental garantizar que los pilares del nuevo Estado se sustenten en la idea feminista de una dimensión comunitaria de nuestras vidas y de la importancia de lo común como concepto de vida.
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