A finales de marzo de este año, la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio a conocer su
informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Este es
su primer informe desde la firma del acuerdo entre dicha Oficina y el Estado de
Honduras en mayo de 2015.
Como parte de su mandato, el ACNUDH supervisa el
respeto y promoción de los derechos humanos en el país y elabora un informe que
es presentado al Consejo de Derechos Humanos, al Estado de Honduras y a la
sociedad con el fin de aportar elementos que permitan mejorar la situación.
Uno de los aspectos en los que se centra el informe
es el tema de la criminalidad. El ACNUDH reconoce una reducción en los índices
de homicidios, sin embargo, la violencia y la inseguridad persisten y siguen
condicionando la forma de vida de la mayoría de la población.
Para el ACNUDH esta situación se ve agravada por la
debilidad de las instituciones, la deficiente coordinación entre los organismos
de seguridad, la corrupción y los altos niveles de desigualdad y de exclusión
social.
A su vez, la violencia afecta particularmente a quienes
“desafían las normas sociales o el statu quo, como los defensores de los
derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”. El asesinato de Berta Cáceres
se inscribe en este contexto.
Por otro lado, al ACNUDH le preocupa el profundo proceso
de militarización con su impacto significativo en el presupuesto nacional que
en materia de seguridad y defensa ha experimentado un aumento gradual que
alcanzó alrededor del 13,6% del presupuesto propuesto para 2017, y ha consumido
el 87% de los recursos de la tasa de seguridad.
También preocupa que la estrategia de seguridad del
actual gobierno se ha centrado en las Fuerzas Armadas y que a pesar que el
Estado ha indicado en foros internacionales como el Comité contra la Tortura
que habría un repliegue progresivo de los militares, hasta el momento se
observa un incremento de la presencia militar.
El ACNUDH se suma a otras voces nacionales e
internacionales como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido “que el despliegue de
fuerzas militares para realizar funciones de seguridad ciudadana debe hacerse
solamente en circunstancias excepcionales, ser limitado en el tiempo y estar
bajo un control civil estricto”.
Frente a ello, el gobierno de Juan Orlando
Hernández sigue sordo ante tales cuestionamientos y continúa empecinado en
atacar únicamente con la fuerza de las armas y a cualquier costo, una situación
cuyas causas se enraízan en lo más profundo de la desigualdad y la exclusión
social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario