El pasado 04 de noviembre el Consejo de Derechos Humanos examinó la situación de los derechos humanos en Honduras en el marco del Examen Periódico Universal que realiza cada 4 años como órgano de las Naciones Unidas.
Inicialmente, el Estado envió un informe escrito en el que ocultaba completamente la verdadera situación del país. De acuerdo con este informe, parecía que jamás había ocurrido un golpe de Estado, que las violaciones a los derechos humanos sólo eran delitos comunes cometidos por el crimen organizado y en definitiva, que Honduras es el país donde no pasa nada, como lo dirían los presentadores del programa NotiNada de Radio Progreso.
No obstante, el gobierno de Lobo Sosa se dio cuenta de la torpeza de intentar tapar el sol con un dedo ya que el Consejo de Derechos Humanos también recibió información fidedigna por parte de ONGs nacionales e internacionales y en la presentación oral del informe los representantes estatales reconocieron que había una situación difícil en materia de derechos humanos.
Por tal razón, todos los Estados que tomaron la palabra para hacer recomendaciones al Estado hondureño, manifestaron su profunda preocupación por el asesinato de periodistas, las restricciones a la libertad de expresión, los femicidios, los asesinatos contra miembros de la comunidad LGTB, las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra la oposición política, el despedido de jueces y magistrados opuestos al golpe de Estado y el alto nivel de impunidad existente en el país.
Pero sobre todo, los Estados fueron unánimes al manifestar su preocupación porque en Honduras no se han dado los pasos para investigar de manera imparcial e independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado y por la falta de sanción a los responsables de las mismas.
El lunes 08 de noviembre el Consejo de Derechos Humanos entregó al Estado 129 recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en el país, por lo que es necesario que las organizaciones nacionales e internacionales estemos atentos a ellas para darle seguimiento a su implementación y seguir denunciando al Estado en caso de que las mismas no sean llevadas a cabo, sobre todo en lo que respecta a medidas concretas para poner fin a la impunidad.
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