La controversia internacional sobre la publicación por Wikileaks de cables diplomáticos estadounidenses continúa. En los últimos días, Paypal, Visa y Mastercard han impedido a sus usuarios hacer donaciones a Wikileaks, alegando que el sitio podría estar teniendo una conducta ilegal. Amnistía Internacional examina algunas de las cuestiones de derechos humanos en juego.
¿Sería el enjuiciamiento de Julian Assange por publicar documentos del gobierno de Estados Unidos una violación del derecho a la libertad de expresión?
El gobierno de Estados Unidos viene indicando desde julio de 2010 que está llevando a cabo una investigación judicial sobre las acciones de Wikileaks y su fundador, Julian Assange, por distribuir documentos secretos. Diversas figuras políticas estadounidenses han pedido el procesamiento penal de Julian Assange.
Según Amnistía Internacional, los procedimientos penales que tengan por objeto castigar a un particular por comunicar indicios de violaciones de derechos humanos no están justificados jamás. Lo mismo cabe decir en el caso de la información sobre una amplia variedad de otras cuestiones de interés público.
Como mínimo, un número considerable de los documentos publicados por Wikileaks parecen pertenecer a estas categorías, por lo que todo enjuiciamiento basado total o parcialmente en esos documentos en particular sería incompatible con la libertad de expresión.
La libertad de expresión es un derecho humano internacionalmente reconocido que limita el poder del Estado para prohibir recibir y publicar información. Es al Estado al que corresponde demostrar que toda restricción que imponga es necesaria y proporcionada y no amenaza el derecho mismo a la libertad de expresión.
No tenemos conocimiento de que se hayan entablado acciones judiciales contra Julian Assange por publicar los documentos. Por consiguiente, Amnistía Internacional no está en condiciones de opinar específicamente sobre una posible causa contra él, pues no hay acusaciones formales sobre las que opinar.
¿Constituiría la injerencia en los pagos a Wikileaks por medio de donaciones en línea una violación del derecho a la libertad de expresión?
En los últimos días, Paypal, Visa y Mastercard han eliminado la posibilidad de que sus usuarios hagan donaciones en línea a Wikileaks, alegando que el sitio realiza o podría estar realizando actividades ilegales. Se ha especulado que esta restricción se ha debido a presiones del gobierno de Estados Unidos.
Amnistía Internacional no tiene información que confirme o refute estas especulaciones, pero insiste en que los gobiernos no pueden eludir su obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión intentando hacer indirectamente lo que tienen prohibido hacer directamente. Y también las empresas deben garantizar, como mínimo, que sus acciones respetan los derechos humanos.
¿Constituiría el enjuiciamiento de empleados del gobierno de Estados Unidos que facilitaran documentos a Wikileaks una violación del derecho a la libertad de expresión?
El soldado estadounidense Bradley Manning se encuentra actualmente detenido por cargos entre los que figura la filtración de información sobre la defensa nacional.
Aunque los empleados de un gobierno tienen derecho a la libertad de expresión, tienen también deberes derivados de su condición de empleados del gobierno, por lo que éste tiene mayor libertad para imponerles restricciones de la que tendría en el caso de los particulares que reciban o publiquen información.
No obstante, Amnistía Internacional consideraría motivo de preocupación que un gobierno intentara castigar a una persona que, por razones de conciencia y de manera responsable, hubiera publicado información con el convencimiento razonable de que esa información era prueba de violaciones de derechos humanos que el gobierno intentaba mantener en secreto para impedir que el público conociera la verdad sobre ellas.
¿Es legítimo que los gobiernos intenten proteger la confidencialidad de sus conversaciones y negociaciones diplomáticas si creen que es en bien de sus intereses nacionales?
Los gobiernos pueden, por supuesto, intentar en general proteger la confidencialidad de sus comunicaciones por medios técnicos o imponiendo obligaciones a sus empleados; sin embargo, no es legítimo que se acojan a conceptos de seguridad nacional o intereses nacionales para justificar la ocultación de indicios de abusos contra los derechos humanos.
Asimismo, una vez que la información llega a manos de particulares, los Estados no pueden acogerse a ideas muy generales del interés nacional para justificar medidas de coacción tomadas con objeto de impedir la revelación o el examen públicos de esa información.
El derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados restringir la libertad de expresión sólo por motivos especificados y estrechamente aplicados, a saber: la seguridad nacional, el orden público la salud o la moral públicas o la protección de los derechos y la reputación de los demás. Sin embargo, incluso cuando pueda ser aplicable uno de estos motivos, los Estados no tienen carta blanca para mantener la información en secreto ni para castigar a nadie por publicarla, declarándola sin más material “clasificado” o alegando que es necesario restringirla por motivos de “seguridad nacional; el Estado debe demostrar que las restricciones particulares que imponga son necesarias y proporcionales a la amenaza específica que, en su opinión, las justifica.
¿No le preocupa a Amnistía Internacional el daño que la información filtrada podría causar a algunas personas?
Amnistía Internacional ha pedido continuamente a Wikileaks que haga todo lo posible para garantizar que la publicación de los documentos no entraña para ninguna persona mayor riesgo de sufrir violencia u otros abusos contra los derechos humanos, por permitir, por ejemplo, identificarla como fuente de los documentos.
No obstante, es preciso distinguir este tipo de riesgo del riesgo de que las autoridades públicas se encuentren en una situación embarazosa o tengan que responder a peticiones de rendición de cuentas por el hecho de que los documentos saquen a la luz su participación en abusos contra los derechos humanos u otras formas de conducta indebida.
¿Contienen los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks información importante en materia de derechos humanos?
Algunos de los documentos del Departamento de Estado publicados confirman violaciones de derechos humanos que ha expuesto ya Amnistía Internacional públicamente o proporcionan más datos sobre ellas. Por ejemplo:
El cable de febrero de 2007 donde se habla de la oposición estadounidense a la posible decisión de las autoridades alemanas de dictar órdenes de detención internacional contra 13 agentes de la CIA presuntamente implicados en la entrega extraordinaria y desaparición forzada de Khaled el-Masri guarda relación con varios informes de Amnistía Internacional, el más reciente de los cuales es Open Secret: Mounting Evidence of Europe’s Complicity in Rendition and Secret Detention (15 de noviembre de 2010).
El cable de enero de 2010 donde se informa de una reunión del presidente de Yemen con militares estadounidenses corrobora las conclusiones a que había llegado ya Amnistía Internacional sobre el aparente uso de un misil de crucero estadounidense en un ataque del 17 de diciembre de 2009 contra la comunidad de Al Ma'jalah, en la zona de Abyan del sur de Yemen. Amnistía Internacional había pedido al gobierno de Estados Unidos que revelara su participación en el incidente, aún cuando el gobierno yemení afirmara que había efectuado el ataque él solo.
Las publicaciones anteriores de Wikileaks sobre las guerras de Afganistán e Irak confirmaron información que habíamos recibido de otras fuentes. Amnistía Internacional continuará valorando y citando la información de los documentos de Wikileaks relativa a cuestiones de derechos humanos, junto con la de las muchas otras fuentes.
¿Tienen los intentos de extraditar a Julian Assange a Suecia por delitos sexuales una motivación política?
Se ha informado de que los cargos a que se enfrenta Julian Assange en Suecia no guardan relación con la publicación de Wikileaks. Se ha especulado que las autoridades de Suecia o de otras partes no están llevando el caso de manera normal, sino que el modo de tratarlo es consecuencia de un hostigamiento más general a Julian Assange por las acciones de Wikileaks. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene información que nos permita confirmar o descartar tales especulaciones.
Como en otras causas penales, debe respetarse el debido proceso. Amnistía Internacional estará muy atenta a la marcha de la causa.
¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre la última publicación de documentos de Wikileaks?
Amnistía Internacional acoge con satisfacción los esfuerzos por hacer de dominio público la información sobre abusos contra los derechos humanos. Wikileaks ha anunciado públicamente que en las próximas semanas o meses va a ir publicando gradualmente millares de documentos, y Amnistía Internacional estudiará detenidamente todos los que parezcan guardar relación con abusos contra los derechos humanos.
Aunque no todos los documentos que ha publicado de momento Wikileaks tratan de abusos contra los derechos humanos, nos gustaría poner de relieve que la libertad de expresión incluye el derecho a recibir y difundir toda clase de información, con excepciones estrechamente definidas.
Fuentes: http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/wikileaks-y-la-libertad-de-expresion-preguntas-y-respuestas/?origen=fbk
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