martes, 17 de mayo de 2011

La libertad de expresión bañada de sangre


Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre y por tanto, no puede llamarse democrática si no descansa sobre el ejercicio sin obstáculos del derecho a la libertad de expresión.

Pero la libertad de expresión no implica la sola existencia de medios de comunicación, sino el derecho de hablar o escribir, de utilizar los medios apropiados para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas, de tratar de comunicar a los otros nuestros propios puntos de vista y de conocer opiniones y noticias que nos afectan en nuestra vida cotidiana.

Todo lo anterior implica la democratización y la lucha contra el monopolio de los medios de comunicación, y la garantía de transmitir y recibir información y conocimiento sin temor a sufrir represalias por nuestras posiciones alrededor de los temas de interés nacional.

En Honduras, desde el golpe de Estado se ha profundizado la intolerancia contra las voces disidentes y más allá de las concepciones ideológicas y políticas de tales voces, los poderes institucionales y fácticos utilizan la violencia como herramienta para silenciar a aquellos que se atreven a cuestionar sus acciones.

Por tal razón, ante la serie de asesinatos cometidos contra comunicadores hondureños a cuya lista sangrienta se sumó Héctor Francisco Medina Polanco, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha exigido al Estado de Honduras investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad y crear mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística.

Una vez más el Estado de Honduras presidido por el régimen de Lobo Sosa le muestra al mundo su incapacidad para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes y ratifica con los hechos que no ha cumplido ni una coma de sus compromisos en materia de derechos humanos.

Y mientras tanto, ante este nuevo crimen sólo recibimos el silencio de un ministerio de derechos humanos que hasta el momento sólo ha servido para limpiarle las manchas de sangre al régimen hondureño.

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