Desde la vaga redacción del punto 5 del Acuerdo de Cartagena relativo a los derechos humanos, pasando por el discurso ambiguo del ex presidente Zelaya, hasta las reacciones de la comunidad interamericana, con excepción de Ecuador, pareciera que los llamados a la reconciliación en Honduras significan pactar con el olvido y el “borrón y cuenta nueva”.
Si bien en un país tan polarizado es importante que el diálogo para la reconciliación esté presente en el debate nacional, él mismo no puede desarrollarse desconociendo que los responsables de los crímenes contra el pueblo hondureño siguen impunes y formando parte de las estructuras del Estado y del régimen actual.
Como lo señala el periodista Manuel Torres en una entrevista a Radio Nederland, los perdedores en este acuerdo son “la situación de los derechos humanos y las víctimas de la represión”, quienes “quedan a la espera infinita de justicia”.
No obstante, aunque para las víctimas estas negociaciones y llamados a la reconciliación que ignoran la impunidad de los victimarios parecen alargar su sufrimiento, desde distintas partes del mundo nos llegan noticias que alimentan la esperanza de que tarde o temprano los violadores a derechos humanos en Honduras van a ser juzgados implacablemente.
La primera buena noticia es que la Audiencia Nacional de España decretó la busca y captura internacional de 20 militares salvadoreños y su prisión sin fianza por el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centro Americana “Simeón Cañas” en noviembre de 1989.
La segunda es que la justicia serbia ha confirmado que se cumplen las condiciones para que el ex general Ratko Mladic sea extraditado al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para que sea juzgado por la masacre de 8.000 musulmanes de Srebrenica en julio de 1995.
Y finalmente, la justicia colombiana está cercando cada vez más al ex presidente Álvaro Uribe, cuyo mandato se caracterizó por el aumento de las desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos políticos, seguimientos y escuchas ilegales contra jueces, periodistas y opositores políticos, etc. Hasta el momento, ya son 14 los altos funcionarios de su Gobierno con investigaciones abiertas.
A veces la justicia tarda pero sólo hasta cuando llega es posible hablar de una verdadera reconciliación. Y haciendo eco de la frase acuñada por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, durante décadas, “de los hechos y los hechores ni olvido ni perdón”… sólo justicia.
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