El circo de la justicia

La ultraderecha del país, encarnada en la Unión Cívica Democrática, está de luto; los sectores afines al ex presidente Zelaya están de fiesta; y nuevamente, se ha ratificado que la institucionalidad democrática es sólo un concepto vacío de contenido para quienes detentan el poder político y que la justicia es un circo en el que los payasos que gobiernan las instituciones públicas son expertos en provocarnos impotencia, rabia, llanto y a veces risa.

Ahora el circo se ha trasladado a la Corte de Apelaciones en Tegucigalpa al anular los procesos incoados por el Ministerio Público contra Zelaya Rosales por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, acusaciones que han sido “percibidas como políticamente motivadas” por la comunidad internacional, tal y como lo señaló en su informe la Comisión de Alto Nivel de la OEA.

Si bien es una buena noticia que a un ciudadano hondureño como Zelaya Rosales se le anularon unos procesos instruidos bajo un gobierno de facto, con el país militarizado y con instituciones colapsadas, la mala noticia es que se ratifica con crudeza que las instituciones del Estado y quienes las gobiernan, en vez de actuar bajo los preceptos constitucionales y del Estado democrático de derecho, lo hacen de acuerdo a lo que ordenan los clanes y las mafias disfrazadas de partidos políticos, empresarios y militares que realmente tienen el poder en el país.

A partir de ahora, el circo se traslada a la asamblea general de la OEA en donde el triángulo de Santos, Chávez y Lobo, que aparecen en la lista siniestra de violaciones a derechos humanos de la Comisión Interamericana, están allanando el camino para el reingreso de Honduras al organismo continental, aparentemente sin que el fin de la impunidad, el acceso a la justicia para miles de víctimas y el respeto irrestricto a los derechos humanos sea un tema esencial en las negociaciones políticas.

Esta nueva etapa del circo que nos brinda la clase política hondureña nos confirma la necesidad de una nueva institucionalidad y de una reforma total del Estado, que también incluye la generación de una nueva conciencia política ciudadana que permita romper con el bipartidismo, con el caudillismo y las prácticas autoritarias que caracterizan a la sociedad hondureña.