COMUNICADO DE PRENSA
Washington, D.C., martes 23 de marzo de 2010
Los asesinatos, secuestros y hostigamientos continúan ocurriendo en Honduras durante el Gobierno del actual presidente Porfirio Lobo. El órgano judicial demuestra ser muy eficaz y duro para juzgar a opositores al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pero muy lento y favorable para los violadores a los derechos humanos vinculados al golpe.
Así lo denunciaron este martes un grupo de abogados hondureños defensores de los derechos humanos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"En el nuevo Gobierno (desde el pasado 27 de enero) han sido asesinadas seis personas por presuntas motivaciones políticas. A este panorama se suman secuestros decenas de amenazas, seguimientos actos de hostigamiento y otras acciones. Desafortunadamente hasta la fecha, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público han declinado su deber de garantizar los derechos humanos", dijo Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Entre los asesinados figuran tres periodistas. Uno de ellos, el señor Nahúm Palacios, era beneficiario de medidas de protección ordenadas por la CIDH debido a las amenazas que había recibido; las cuales nunca fueron implementadas.
Sin embargo, en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público actúan de manera ineficiente, parcializada y discriminatoria contra personas opositoras al golpe.
Miles de detenciones ilegales y arbitrarias que deberían haber sido investigadas de oficio por el Ministerio Público siguen en la impunidad. De 87 recursos de amparo documentados hasta octubre por el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), ninguno surtió efecto. Lo mismo ha ocurrido con denuncias acerca de torturas, malos tratos, intimidación y lesiones, según Nectalí Rodezno, del Frente de Abogados.
En otro ejemplo, el Frente de Abogados representa a 111 personas acusadas por diversos delitos debido a su participación en manifestaciones opositoras pacíficas y de ellas, 73 continúan siendo procesadas, cinco siguen en prisión y otras seis tienen órdenes de captura.
La conducta sesgada del órgano judicial se evidencia cuando a los manifestantes pacíficos se les atribuyen graves delitos, como terrorismo, asociación ilícita o sedición; mientras que las actuaciones de militares golpistas que han cometido violaciones a los derechos humanos son calificadas como "abuso de autoridad".
Para los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos la ley ha sido aplicada de manera benevolente. Un proceso abierto contra los seis comandantes del Estado Mayor que encabezaron el golpe de Estado concluyó con un sobreseimiento definitivo a favor de los militares.
Los oficiales de las Fuerzas Armadas que allanaron televisoras y radios, en el marco de la censura y hostigamiento a medios de comunicación críticos del golpe, también fueron sobreseídos de manera definitiva porque, según los jueces, "actuaron en cumplimiento de un deber constitucional".
Para los peticionarios, es evidente que el golpe de Estado en Honduras agudizó debilidades institucionales. En este sentido, el comportamiento de la mayoría de fiscales y jueces se origina en la falta de independencia. Brenda Vianney, del Frente de Abogados en Resistencia de la Zona Norte y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, solicitó a la CIDH un fuerte llamado de atención a las autoridades del Estado de Honduras para que cesen las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el presidente de la CIDH, Felipe González, comunicó que ya solicitaron a las autoridades hondureñas una visita al país para dar seguimiento a la situación de derechos humanos.
En la audiencia también participaron abogados del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de Tortura, y sus familiares (CPTRT); Frente de Abogadas y Abogados en Resistencia contra el golpe de Estado de la Zona NORTE y del CIPRODEH.
Contacto de prensa en Washington D.C.: Mauricio Herrera (202) 319-3000. mherrera@cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
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