Servir y proteger es el lema de la policía nacional de Honduras y la razón de su existencia es velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito, y sobre todo, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, con estricto respeto a los derechos humanos.
Al analizar la actuación de esta institución a lo largo de su historia se puede concluir que cumple fielmente con estas funciones; sin embargo, lo ha hecho y lo hace de manera sesgada, discriminatoria y al margen de la legalidad.
En primer lugar, sirve y protege eficientemente a aquellos que tienen el poder económico y político, por tanto, la pobreza y la falta de influencia política de las personas las excluye de su protección y más aún, las coloca en una situación de indefensión frente a la delincuencia común y a las actuaciones ilegales de muchos miembros de esta institución.
En segundo lugar, utiliza la fuerza excesiva y la represión para preservar el orden que requieren los grandes poderes, a quienes no les gusta que la ciudadanía haga uso legítimo de su derecho constitucional a la manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de sus derechos.
En tercer lugar, recurre a métodos ilegales para combatir el delito y tal como lo han confirmado informes oficiales y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, miembros de la policía se encuentran fuertemente vinculados al crimen organizado.
En cuarto lugar, protege la seguridad y los bienes de quienes tienen dinero, mientras la violencia azota con mayor fuerza a los excluidos; y peor aún, miembros de la policía se involucran en crímenes como la reciente ejecución arbitraria de los jóvenes Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En quinto lugar, todos estos hechos, más la reciente participación activa de la policía nacional en el golpe de Estado y las graves violaciones a derechos humanos, evidencian que las actuaciones de esta institución están encaminadas a violentar los derechos de quienes están obligados a servir y proteger.
No son suficientes los parches y retoques cosméticos para avanzar hacia una policía nacional eficiente, independiente y garantizadora de los derechos humanos; es urgente y necesaria una depuración total de esta institución a quien la ciudadanía ve como un peligro y una amenaza a su vida e integridad.
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