Sólo en el año 2012,
12 abogados fueron asesinados en el país, a lo que se suma una larga lista de
periodistas, campesinos, mujeres, niños y jóvenes menores de 23 años que pese a
la tragedia que encierran, se convierten en simples estadísticas que hacen de
Honduras el país más violento del mundo.
Sin duda alguna uno
de los detonantes del aumento imparable de la violencia es la impunidad de los
victimarios debido a la ineficacia de las instituciones del sector justicia para
investigar seriamente y sancionar a los responsables intelectuales y materiales
de estos crímenes.
Una de esas
instituciones es el Ministerio Público que de acuerdo a la ley, entre sus fines
se encuentran representar, defender y proteger los intereses generales de la
sociedad; colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de
justicia, llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir y
sancionar a los responsables; y velar por el respeto y cumplimiento de los
derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución
y de las leyes.
Pese a que en sus inicios el
Ministerio Público despertó grandes expectativas, poco a poco la clase política
ha logrado secuestrarlo hasta convertirlo en una simple herramienta de quienes
tienen el poder político y económico en Honduras. Sus actuaciones durante y
después del golpe de Estado evidencian la degradación moral e institucional en
la que ha caído y sin lugar a dudas, el actual fiscal general, Luis Rubí, y su
fiscal adjunto, Roy Urtecho, son responsables directos del colapso de esta
institución.
Es importante resaltar que el fiscal adjunto, Roy Urtecho, es también presidente del Colegio de Abogados
de Honduras, y que ante el aumento de asesinatos de abogados y abogadas decidiera
en reunión de junta directiva crear la Comisión de Derechos Humanos de los
Profesionales del Derecho que presidirá Leo Valladares Lanza. Esta comisión,
entre otras cosas, verificará y dará seguimiento a los casos en investigación
para acelerar resultados.
Resulta paradójico
que el propio fiscal adjunto en su condición de presidente del Colegio de
Abogados decida crear este tipo de comisiones ya que implica un reconocimiento
implícito de que la institución que él rectora junto con Luis Rubí, es inoperante
para investigar y sancionar el delito. Evidentemente, dicha ineficiencia es
responsabilidad de ellos dos como sus máximas autoridades.
En un verdadero
Estado de derecho y con una ciudadanía madura políticamente, estos dos
personajes hubieran sido destituidos e investigados; pero si los profesionales
del derecho tienen en la presidencia de su gremio a un individuo como éste, qué
se puede esperar de una ciudadanía de baja intensidad sometida constantemente a
la violencia del hambre, de la enfermedad y del analfabetismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario