Ante las medidas tomadas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo luego de la comparecencia en el hemiciclo legislativo de las máximas autoridades de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país, a saber: el Secretario de Seguridad, el Jefe de la Policía Nacional, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y también el Director General de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, las organizaciones que suscribimos este documento, agrupadas en la Coalición contra la Impunidad, nos pronunciamos de la siguiente manera:
1. Estas comparecencias evidenciaron claramente la ineficacia absoluta de todas estas instituciones y la incapacidad de los funcionarios que se encuentran dirigiendo las mismas, lo cual genera altos índices de impunidad que propician la repetición de los hechos ilícitos puesto que no encuentran sanción, lo que atenta contra la justicia, la verdad, la equidad, el Estado de Derecho, contra la democracia y, en especial, contra los derechos de todas y todos los que somos parte de la sociedad hondureña.
2. Esta ineficacia e incapacidad ha sido generada, como lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, por la falta de autonomía, objetividad, independencia e imparcialidad de estas instituciones, provocada por el control político partidario que se ejerce sobre las mismas a través del Congreso Nacional que al nombrar a los altos funcionarios del sistema de justicia lo hace por un reparto de cuotas sin tomar en consideración la capacidad e idoneidad de los(as) candidatos(as). Igualmente los nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo no obedecen a criterios de capacidad sino de afinidad política o personal aunque se trate de instituciones que deben ser profesionales y apolíticas como es el caso de la Policía Nacional.
3. No obstante lo anterior, hemos seguido con mucha expectación todo este proceso de cambios que se inició a partir de las interpelaciones hechas por el Congreso Nacional, que a nuestro juicio, de ser orientadas de manera correcta, pueden abrir la posibilidad para la toma de decisiones que redunden en la transformación y el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia y por ende, en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la población, que es lo que todos y todas necesitamos.
4. En cuanto a la remoción del actual Secretario de Seguridad y su sustitución por el señor Corrales Álvarez, nos preocupa que su nombramiento sea como Comisionado de Defensa y Seguridad, pues ello implica el retorno a la militarización de la policía, lo que vemos agravado con el reciente nombramiento de militares retirados como viceministros en esa Secretaría.
5. Estimamos que el proceso de depuración policial necesita cambios profundos y urgentes que incluyan a los altos mandos de la Policía Nacional y que no se limiten al nuevo nombramiento o traslado de personas en los diferentes cargos sino que se elabore una verdadera política de seguridad consensuada y participativa. Por ello en este momento, si se pretende impulsar este proceso, es urgente la remoción del titular y adjunto de la Dirección General de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DGIECP) y el nombramiento de personas capaces e independientes que vengan a impulsar la verdadera depuración que se necesita en la Policía Nacional. En tal sentido, nos preocupa las dilaciones que desde el CONASIN se han implementado en relación a la destitución de los actuales titulares de esta Dirección, que parecen evidenciar negociaciones políticas inapropiadas.
6. Hace cinco años, con motivo de la Huelga de Hambre de los Fiscales, durante 38 días, se solicitó la reorganización y adecentamiento del Ministerio Público, para lo cual se propuso, con el apoyo de amplios sectores de la población, la suspensión del Fiscal General y su adjunto y el nombramiento de una Comisión Interventora. Seguramente si en ese momento estas propuestas hubieran sido escuchadas no tendríamos los niveles de politización, corrupción e impunidad que ahora enfrenta el Ministerio Público y la Policía Nacional.
7. Confiamos que las personas que integran la Comisión Interventora sean conscientes de su responsabilidad histórica y sepan hacer frente a la tarea encomendada. El artículo 4 del Decreto de Intervención les otorga funciones y atribuciones suficientes para depurar y reorientar a dicha institución. Hacemos énfasis especial en que uno de los aspectos más importantes es el de establecer procesos de selección y nombramiento mediante los cuales se escoja a los funcionarios por su capacidad y honestidad y no por recomendaciones político-partidarias.
8. Estimamos que es de vital importancia el acompañamiento internacional que esta Comisión Interventora pueda tener, el que, sin importar mecánicamente modelos de otros países, puede tomar como referencia la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). Estamos convencidos de que es necesaria una mayor presencia de Naciones Unidas ya sea de esta forma o estableciendo una oficina de la Alta Comisionada en nuestro país, que establezca vínculos cercanos y de participación activa con la población.
9. Vemos con particular preocupación que no se haya tomado ninguna medida importante para la depuración y reestructuración del Poder Judicial que es una institución que presenta altos niveles de corrupción, de falta de capacidad profesional y de independencia en sus resoluciones, lo cual se constituye en un grave impedimento para el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.
10. Para el adecentamiento y reestructuración del Poder Judicial proponemos, entre otras cosas, que se inicie en el corto plazo un proceso de reformas mediante la aplicación de la Ley del Consejo de la Judicatura. Para tal efecto planteamos que se reforme esta ley para que el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno administrativo, no esté presidido por el presidente de la CSJ sino que sea un órgano autónomo e independiente que esté integrado por jueces y juezas, por académicos y por integrantes de sociedad civil, para que el mismo tenga un carácter pluralista.
11. En tanto no se realice la elección e integración del Consejo de la Judicatura pedimos que el Congreso Nacional derogue la disposición transitoria que le otorga facultades extraordinarias y exclusivas al Presidente de la CSJ para seleccionar, nombrar y destituir a jueces y magistrados.
12. Consideramos urgente iniciar un proceso de debate que lleve a una reforma constitucional para que los magistrados y magistradas de la CSJ no sean nombrados por el Congreso Nacional, pues ésta es la causa de la politización partidaria en ese Alto Tribunal. Los magistrados y magistradas de la CSJ deben formar parte de la carrera judicial y acceder a ese cargo por su antigüedad y méritos en el ejercicio de la jurisdicción.
13. En cuanto a las funciones o atribuciones encomendadas a la Comisión Interventora en el Ministerio Público, como Coalición contra la Impunidad, planteamos a la Comisión Interventora, nuestras expectativas respecto a su gestión, las que se resumen de la manera siguiente: a) Un diagnóstico concluyente sobre las debilidades y necesidades en el Ministerio Público; b) Realizar una evaluación del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias del MP y de conformidad a la misma, decidir sobre la permanencia, suspensión o cancelación de los evaluados; c) Proponer un esquema funcional de organización y funcionamiento de la Dirección de Fiscales, las Fiscalías Especiales y Regionales del MP y, conforme al mismo, reorganizar estas dependencias; d) Realizar y divulgar una auditoria de los expedientes en trámite o pendientes de requerimiento en el MP, con énfasis en aquellos que se relacionan con delitos de corrupción y violación de derechos humanos; y, f) Establecer un mecanismo de rendición de cuentas de todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público.
14. Estamos a menos de un año para la elección de un nuevo Fiscal General y su adjunto por lo que creemos que es necesario iniciar un proceso de debate y propuestas para que dicha elección no se realice nuevamente desde el Congreso Nacional bajo criterios político-partidarios. Deben establecerse los requisitos para el cargo más allá de los mínimos establecidos en la ley, los perfiles profesionales y éticos, los procedimientos de evaluación, los mecanismos de transparencia, objetividad e imparcialidad y proponemos, además, la conformación de una comisión de monitoreo de ese proceso con acompañamiento internacional.
15. Estimamos que estos esfuerzos deben ser complementarios con los que ha realizado la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública y que las reformas constituciones y legales que dicha Comisión ha planteado deben ser socializadas ampliamente con la población y tomadas en consideración para lograr un verdadero proceso de depuración de las instituciones del sector justicia.
La seguridad ciudadana es un anhelo muy sentido de todos y todas nosotras, sin embargo, es importante recordar que las medidas autoritarias o de tipo policial, muchas veces restringen nuestros derechos y no nos proporcionan esa anhelada seguridad.
Asimismo, es importante que no se olvide que además de la persecución penal de la delincuencia común y organizada, la sociedad hondureña está a la espera del juzgamiento y sanción de los responsables del golpe de Estado y de las violaciones de los derechos humanos cometidas como consecuencia del mismo. Solamente la verdad y la reparación nos pueden traer reconciliación y una paz duradera.
Para finalizar deseamos expresar nuestro reconocimiento a los esfuerzos realizados desde diferentes sectores de sociedad civil con el propósito de impulsar cambios que produzcan el fortalecimiento institucional que demanda la ciudadanía. Con el mismo propósito nos constituimos como un espacio en el que confluimos diferentes organizaciones que pretendemos dar un apoyo y seguimiento crítico a este proceso, planteando propuestas complementarias con un objetivo común: mayor seguridad ciudadana, lucha contra la impunidad y contra la corrupción pública y mejor acceso a la justicia.
Tegucigalpa - San Pedro Sula, 3 de mayo de 2013
Coalición contra la Impunidad
Conformada por las siguientes organizaciones:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA)
C-Libre
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comunidad Gay Sampedrana
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Feministas Universitarias
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
Red Nacional de Defensoras
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
1. Estas comparecencias evidenciaron claramente la ineficacia absoluta de todas estas instituciones y la incapacidad de los funcionarios que se encuentran dirigiendo las mismas, lo cual genera altos índices de impunidad que propician la repetición de los hechos ilícitos puesto que no encuentran sanción, lo que atenta contra la justicia, la verdad, la equidad, el Estado de Derecho, contra la democracia y, en especial, contra los derechos de todas y todos los que somos parte de la sociedad hondureña.
2. Esta ineficacia e incapacidad ha sido generada, como lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, por la falta de autonomía, objetividad, independencia e imparcialidad de estas instituciones, provocada por el control político partidario que se ejerce sobre las mismas a través del Congreso Nacional que al nombrar a los altos funcionarios del sistema de justicia lo hace por un reparto de cuotas sin tomar en consideración la capacidad e idoneidad de los(as) candidatos(as). Igualmente los nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo no obedecen a criterios de capacidad sino de afinidad política o personal aunque se trate de instituciones que deben ser profesionales y apolíticas como es el caso de la Policía Nacional.
3. No obstante lo anterior, hemos seguido con mucha expectación todo este proceso de cambios que se inició a partir de las interpelaciones hechas por el Congreso Nacional, que a nuestro juicio, de ser orientadas de manera correcta, pueden abrir la posibilidad para la toma de decisiones que redunden en la transformación y el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia y por ende, en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la población, que es lo que todos y todas necesitamos.
4. En cuanto a la remoción del actual Secretario de Seguridad y su sustitución por el señor Corrales Álvarez, nos preocupa que su nombramiento sea como Comisionado de Defensa y Seguridad, pues ello implica el retorno a la militarización de la policía, lo que vemos agravado con el reciente nombramiento de militares retirados como viceministros en esa Secretaría.
5. Estimamos que el proceso de depuración policial necesita cambios profundos y urgentes que incluyan a los altos mandos de la Policía Nacional y que no se limiten al nuevo nombramiento o traslado de personas en los diferentes cargos sino que se elabore una verdadera política de seguridad consensuada y participativa. Por ello en este momento, si se pretende impulsar este proceso, es urgente la remoción del titular y adjunto de la Dirección General de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DGIECP) y el nombramiento de personas capaces e independientes que vengan a impulsar la verdadera depuración que se necesita en la Policía Nacional. En tal sentido, nos preocupa las dilaciones que desde el CONASIN se han implementado en relación a la destitución de los actuales titulares de esta Dirección, que parecen evidenciar negociaciones políticas inapropiadas.
6. Hace cinco años, con motivo de la Huelga de Hambre de los Fiscales, durante 38 días, se solicitó la reorganización y adecentamiento del Ministerio Público, para lo cual se propuso, con el apoyo de amplios sectores de la población, la suspensión del Fiscal General y su adjunto y el nombramiento de una Comisión Interventora. Seguramente si en ese momento estas propuestas hubieran sido escuchadas no tendríamos los niveles de politización, corrupción e impunidad que ahora enfrenta el Ministerio Público y la Policía Nacional.
7. Confiamos que las personas que integran la Comisión Interventora sean conscientes de su responsabilidad histórica y sepan hacer frente a la tarea encomendada. El artículo 4 del Decreto de Intervención les otorga funciones y atribuciones suficientes para depurar y reorientar a dicha institución. Hacemos énfasis especial en que uno de los aspectos más importantes es el de establecer procesos de selección y nombramiento mediante los cuales se escoja a los funcionarios por su capacidad y honestidad y no por recomendaciones político-partidarias.
8. Estimamos que es de vital importancia el acompañamiento internacional que esta Comisión Interventora pueda tener, el que, sin importar mecánicamente modelos de otros países, puede tomar como referencia la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). Estamos convencidos de que es necesaria una mayor presencia de Naciones Unidas ya sea de esta forma o estableciendo una oficina de la Alta Comisionada en nuestro país, que establezca vínculos cercanos y de participación activa con la población.
9. Vemos con particular preocupación que no se haya tomado ninguna medida importante para la depuración y reestructuración del Poder Judicial que es una institución que presenta altos niveles de corrupción, de falta de capacidad profesional y de independencia en sus resoluciones, lo cual se constituye en un grave impedimento para el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.
10. Para el adecentamiento y reestructuración del Poder Judicial proponemos, entre otras cosas, que se inicie en el corto plazo un proceso de reformas mediante la aplicación de la Ley del Consejo de la Judicatura. Para tal efecto planteamos que se reforme esta ley para que el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno administrativo, no esté presidido por el presidente de la CSJ sino que sea un órgano autónomo e independiente que esté integrado por jueces y juezas, por académicos y por integrantes de sociedad civil, para que el mismo tenga un carácter pluralista.
11. En tanto no se realice la elección e integración del Consejo de la Judicatura pedimos que el Congreso Nacional derogue la disposición transitoria que le otorga facultades extraordinarias y exclusivas al Presidente de la CSJ para seleccionar, nombrar y destituir a jueces y magistrados.
12. Consideramos urgente iniciar un proceso de debate que lleve a una reforma constitucional para que los magistrados y magistradas de la CSJ no sean nombrados por el Congreso Nacional, pues ésta es la causa de la politización partidaria en ese Alto Tribunal. Los magistrados y magistradas de la CSJ deben formar parte de la carrera judicial y acceder a ese cargo por su antigüedad y méritos en el ejercicio de la jurisdicción.
13. En cuanto a las funciones o atribuciones encomendadas a la Comisión Interventora en el Ministerio Público, como Coalición contra la Impunidad, planteamos a la Comisión Interventora, nuestras expectativas respecto a su gestión, las que se resumen de la manera siguiente: a) Un diagnóstico concluyente sobre las debilidades y necesidades en el Ministerio Público; b) Realizar una evaluación del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias del MP y de conformidad a la misma, decidir sobre la permanencia, suspensión o cancelación de los evaluados; c) Proponer un esquema funcional de organización y funcionamiento de la Dirección de Fiscales, las Fiscalías Especiales y Regionales del MP y, conforme al mismo, reorganizar estas dependencias; d) Realizar y divulgar una auditoria de los expedientes en trámite o pendientes de requerimiento en el MP, con énfasis en aquellos que se relacionan con delitos de corrupción y violación de derechos humanos; y, f) Establecer un mecanismo de rendición de cuentas de todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público.
14. Estamos a menos de un año para la elección de un nuevo Fiscal General y su adjunto por lo que creemos que es necesario iniciar un proceso de debate y propuestas para que dicha elección no se realice nuevamente desde el Congreso Nacional bajo criterios político-partidarios. Deben establecerse los requisitos para el cargo más allá de los mínimos establecidos en la ley, los perfiles profesionales y éticos, los procedimientos de evaluación, los mecanismos de transparencia, objetividad e imparcialidad y proponemos, además, la conformación de una comisión de monitoreo de ese proceso con acompañamiento internacional.
15. Estimamos que estos esfuerzos deben ser complementarios con los que ha realizado la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública y que las reformas constituciones y legales que dicha Comisión ha planteado deben ser socializadas ampliamente con la población y tomadas en consideración para lograr un verdadero proceso de depuración de las instituciones del sector justicia.
La seguridad ciudadana es un anhelo muy sentido de todos y todas nosotras, sin embargo, es importante recordar que las medidas autoritarias o de tipo policial, muchas veces restringen nuestros derechos y no nos proporcionan esa anhelada seguridad.
Asimismo, es importante que no se olvide que además de la persecución penal de la delincuencia común y organizada, la sociedad hondureña está a la espera del juzgamiento y sanción de los responsables del golpe de Estado y de las violaciones de los derechos humanos cometidas como consecuencia del mismo. Solamente la verdad y la reparación nos pueden traer reconciliación y una paz duradera.
Para finalizar deseamos expresar nuestro reconocimiento a los esfuerzos realizados desde diferentes sectores de sociedad civil con el propósito de impulsar cambios que produzcan el fortalecimiento institucional que demanda la ciudadanía. Con el mismo propósito nos constituimos como un espacio en el que confluimos diferentes organizaciones que pretendemos dar un apoyo y seguimiento crítico a este proceso, planteando propuestas complementarias con un objetivo común: mayor seguridad ciudadana, lucha contra la impunidad y contra la corrupción pública y mejor acceso a la justicia.
Tegucigalpa - San Pedro Sula, 3 de mayo de 2013
Coalición contra la Impunidad
Conformada por las siguientes organizaciones:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA)
C-Libre
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comunidad Gay Sampedrana
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Feministas Universitarias
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
Red Nacional de Defensoras
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
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