Frente a la violencia
que azota al país, la clase política nos ofreció depuración policial, militares
en las calles, mano dura, policía militar e incluso, sin que lo comprendiéramos
totalmente, reducir nuestros derechos en nombre de una seguridad ciudadana que
llegaría.
No obstante, tanto las
estadísticas como la experiencia cotidiana de la gente demuestran que ninguna
de esas medidas ha dado resultados. Los militares están en las calles desde el
gobierno de Maduro, es decir, desde hace 10 años y los índices de violencia se
han duplicado.
La creación de la
policía militar representa
un retroceso grave con respecto al proceso de desmilitarización de la sociedad
que inició a partir de los años 90 y coloca al Estado de Honduras en franca
violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
que le exige que los asuntos de seguridad
ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles,
debidamente organizados y capacitados.
La depuración policial y la reforma
del sistema de seguridad es un total fracaso puesto que las redes criminales
siguen actuando con impunidad, lo cual refleja el poco o nulo compromiso de las autoridades y la falta de
liderazgo de los dirigentes políticos en la definición de una política de
seguridad integral que priorice la prevención y el fortalecimiento de las
instituciones.
Por todo
ello, no es extraño corroborar, como lo señala el Observatorio de la Violencia
que ha habido un súbito aumento en el número de asesinatos, temiendo que este año se
supere incluso la tasa de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes y se
consolide una situación de por sí alarmante que ha convertido al país en una
enorme cárcel y a los hondureñas y hondureños en titulares de una ciudadanía de
baja intensidad.
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