La respuesta de los últimos gobiernos frente a la
violencia y la criminalidad ha sido implementar un profundo proceso de
militarización con altos costos financieros. Sin tomar en cuenta el presupuesto
ordinario, entre 2012 y enero de 2016 se recaudaron más de 9 mil millones de
lempiras a través de la tasa de seguridad.
Esa cantidad refleja que mensualmente se recaudan
150 millones de lempiras, de los cuales el 87% es destinado a policías y
militares. Este enfoque principalmente represivo ignora que la violencia y la
criminalidad están asociadas con múltiples factores de
desigualdad social, económica, ambiental, cultural y política.
Para reducirlas
seriamente se requiere de un abordaje integral que privilegie la garantía de
los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo, y
que replantee la forma en que se distribuyen los recursos disponibles con el
fin de asignar los suficientes para asegurar
condiciones socio-económicas básicas de la dignidad humana.
Una
medida importante puede ser convertir la tasa de seguridad ciudadana en una
tasa de seguridad humana que implique una intervención integral en barrios y
comunidades cuyos pobladores y pobladoras perciben ingresos menores a los
necesarios para vivir dignamente.
En
este sentido, si con la tasa de seguridad se recaudan 150 millones de lempiras
mensuales, se podría constituir una renta básica colectiva a través de la cual
el Estado destine esos recursos para implementar políticas sociales
comunitarias en los barrios más empobrecidos del país.
El
impacto que podría tener una inversión social de 150 millones de lempiras bajo
esta lógica atacaría frontalmente la pobreza y la desigualdad, reduciría sostenidamente
las distintas violencias, fomentaría la construcción de una ciudadanía activa y
promovería comunidades solidarias con altos niveles de cohesión social.
Los 150 millones de lempiras mensuales que se recaudan con la tasa de seguridad demuestran que el problema en Honduras no es una cuestión de disponibilidad de recursos, sino de la asignación de los recursos disponibles, lo cuales, pocos o muchos, son destinados a policías y militares, y no a escuelas, teatros, hospitales y libros.
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