La investigación y el juicio sobre el asesinato de Berta Cáceres deberían caracterizarse por ser desarrollados a la luz de la debida diligencia con el fin de ofrecer una muestra contundente de voluntad política para combatir la impunidad y generar mayores niveles de confianza en la sociedad.
Sin embargo, los hechos apuntan a que tanto el Ministerio Público como el tribunal que conoce el caso no han cumplido con su deber de garantizar un proceso justo, lo cual constituye una vulneración de la obligación estatal de suministrar recursos judiciales a las víctimas.
Estos recursos judiciales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso que requiere el cumplimiento de unos principios generales que deben orientar las investigaciones para asegurar un efectivo acceso a la justicia: oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y participación de las víctimas y sus familiares
En este sentido, la participación de las víctimas y sus familiares constituye uno de los principios fundamentales del debido proceso, lo cual implica que la investigación debe desarrollarse garantizando su participación en todas las etapas del proceso judicial.
Nuestro Código Procesal Penal consagra en sus artículos 16 y 278 el derecho de las víctimas y sus familiares a participar en el proceso judicial. Pese a ello, por un lado, el Ministerio Público ha negado a los representantes de la familia de Berta Cáceres el acceso al expediente y ha decretado la secretividad de la investigación en reiteradas ocasiones.
Por otro lado, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal expulsó del proceso judicial a los representantes de la familia y nombró al Ministerio Público como su representante, a pesar de la desconfianza en dicha institución.
Estas dos actuaciones son una pequeña muestra de la vulneración de la garantía del debido proceso y de los derechos a la verdad, justicia y reparación en este caso, lo cual no sólo pone en riesgo la seguridad democrática al alimentar la impunidad, sino también al propiciar la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos y la indefensión de las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, los hechos apuntan a que tanto el Ministerio Público como el tribunal que conoce el caso no han cumplido con su deber de garantizar un proceso justo, lo cual constituye una vulneración de la obligación estatal de suministrar recursos judiciales a las víctimas.
Estos recursos judiciales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso que requiere el cumplimiento de unos principios generales que deben orientar las investigaciones para asegurar un efectivo acceso a la justicia: oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y participación de las víctimas y sus familiares
En este sentido, la participación de las víctimas y sus familiares constituye uno de los principios fundamentales del debido proceso, lo cual implica que la investigación debe desarrollarse garantizando su participación en todas las etapas del proceso judicial.
Nuestro Código Procesal Penal consagra en sus artículos 16 y 278 el derecho de las víctimas y sus familiares a participar en el proceso judicial. Pese a ello, por un lado, el Ministerio Público ha negado a los representantes de la familia de Berta Cáceres el acceso al expediente y ha decretado la secretividad de la investigación en reiteradas ocasiones.
Por otro lado, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal expulsó del proceso judicial a los representantes de la familia y nombró al Ministerio Público como su representante, a pesar de la desconfianza en dicha institución.
Estas dos actuaciones son una pequeña muestra de la vulneración de la garantía del debido proceso y de los derechos a la verdad, justicia y reparación en este caso, lo cual no sólo pone en riesgo la seguridad democrática al alimentar la impunidad, sino también al propiciar la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos y la indefensión de las víctimas y sus familiares.
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