El derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Abarca la atención de salud oportuna y apropiada, y debe estar disponible para todos y todas sin discriminación, ser accesible, aceptable y de calidad.
Que la salud sea un derecho implica que existe una obligación y un sujeto obligado. El Estado es ese sujeto que tiene el deber de respetar y garantizar este derecho, dando especial cuidado a los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, y considerando los recursos disponibles.
Es de conocimiento público que el régimen ha aprobado recursos y contratado préstamos millonarios para hacerle frente a la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, las denuncias de corrupción en el manejo de esos fondos son el pan nuestro de cada día.
Además, tales recursos no han llegado a la primera línea de la lucha contra la pandemia, ya que como lo reflejan la denuncias y protestas del personal de salud, siguen sin recibir los equipos de bioseguridad ni los insumos más básicos para abordar esta crisis.
Es importante recordar que los actos de corrupción que desvían los fondos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud, sobre todo en estos tiempos de crisis, implican una violación flagrante a la obligación estatal frente a tal derecho en dos sentidos.
Primero, se limita el acceso a la medicación en el contexto de pandemias como la del Coronavirus, lo cual forma parte indispensable del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y es uno de los elementos fundamentales para alcanzar gradualmente el ejercicio pleno de este derecho.
Segundo, no se garantiza la accesibilidad a un servicio de salud eficiente para la atención preventiva, curativa y paliativa de la pandemia, lo que incluye la realización de pruebas diagnósticas para la detección del virus y evitar una mayor propagación del contagio.
Como bien lo dicen amplios sectores de la sociedad, el virus de la corrupción que propagan quienes se están robando los fondos millonarios contra la pandemia, no solo está empeorando la crisis, sino que es peor que la propia crisis.
Que la salud sea un derecho implica que existe una obligación y un sujeto obligado. El Estado es ese sujeto que tiene el deber de respetar y garantizar este derecho, dando especial cuidado a los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, y considerando los recursos disponibles.
Es de conocimiento público que el régimen ha aprobado recursos y contratado préstamos millonarios para hacerle frente a la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, las denuncias de corrupción en el manejo de esos fondos son el pan nuestro de cada día.
Además, tales recursos no han llegado a la primera línea de la lucha contra la pandemia, ya que como lo reflejan la denuncias y protestas del personal de salud, siguen sin recibir los equipos de bioseguridad ni los insumos más básicos para abordar esta crisis.
Es importante recordar que los actos de corrupción que desvían los fondos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud, sobre todo en estos tiempos de crisis, implican una violación flagrante a la obligación estatal frente a tal derecho en dos sentidos.
Primero, se limita el acceso a la medicación en el contexto de pandemias como la del Coronavirus, lo cual forma parte indispensable del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y es uno de los elementos fundamentales para alcanzar gradualmente el ejercicio pleno de este derecho.
Segundo, no se garantiza la accesibilidad a un servicio de salud eficiente para la atención preventiva, curativa y paliativa de la pandemia, lo que incluye la realización de pruebas diagnósticas para la detección del virus y evitar una mayor propagación del contagio.
Como bien lo dicen amplios sectores de la sociedad, el virus de la corrupción que propagan quienes se están robando los fondos millonarios contra la pandemia, no solo está empeorando la crisis, sino que es peor que la propia crisis.
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