Uno de los problemas más graves
que enfrenta América Latina son las constantes amenazas, agresiones y
asesinatos en contra de los comunicadores y comunicadoras sociales, lo cual ha
convertido el ejercicio del periodismo en una de las profesiones más peligrosas
en nuestra región.
Pero esta situación no solamente
constituye una violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad
física, sino también un violento ataque a la libertad de expresión, ya que
produce un efecto paralizante en la sociedad al enviar un mensaje intimidatorio
a quienes informan para que se autocensuren o manejen “con cuidado” cierta
información, lo que en suma significa una violación del derecho de la sociedad
a acceder libremente a la información.
Frente a la gravedad de esta
situación no es de extrañar que recientemente otro organismo internacional
mostrara su preocupación al respecto; así, la Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó en su discurso de apertura
de la 20 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, su alarma por
el drástico incremento de la violencia contra los periodistas en América
Latina.
Como ya es costumbre, el nombre
de Honduras volvió a relucir cuando se trata de violaciones a derechos humanos,
pues la Alta Comisionada manifestó su mayor preocupación por lo que sucede en
nuestro país debido al asesinato de varios periodistas y otras agresiones en su
contra en los últimos meses.
Sin ninguna duda, el Estado
hondureño es responsable directa e indirectamente de las amenazas, agresiones y
muertes que sufren los comunicadores y comunicadoras sociales; de forma directa
cuando sus agentes violentan los derechos de estas personas, como sucedió particularmente
en el contexto del golpe de Estado; y de forma indirecta cuando no investiga
seriamente los hechos y cuando no protege efectivamente a los periodistas en
riesgo.
Si la impunidad sigue cubriendo
este tipo de hechos, jamás podremos sentar las bases para construir
democráticamente el país, ya que una prensa independiente y crítica, libre del
miedo y la censura, constituye un elemento fundamental para la vigencia de los
derechos humanos que integran el sistema democrático y el Estado de derecho.
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