La semana pasada, el Tribunal
Supremo italiano confirmó las penas de inhabilitación y
cárcel dictadas a los miembros de la cúpula policial por la violencia
empleada por agentes policiales contra algunos manifestantes que dormían en una
escuela durante la reunión del G-8 celebrada en Génova en el año 2001. De
acuerdo a los hechos, la policía irrumpió en el centro y detuvo a 93 personas,
de las cuales 62 tuvieron que ser atendidas en urgencias y 28 fueron
hospitalizadas.
Al mismo tiempo, la justicia
argentina condenó al ex dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de
cárcel por el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado
durante la última dictadura militar en Argentina. Del mismo modo, el último
presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, fue condenado a 15 años, el ex
almirante Antonio Vañek fue sentenciado a 40 años, el ex capitán de fragata
Jorge Eduardo Acosta fue condenado a 30 años y el ex general Omar Riveros, a 20
años.
Esta semana,
el Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia reanudó el juicio contra el exlíder militar serbobosnio, Ratko
Mladic, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad durante la guerra
de Bosnia entre 1992-1995; particularmente Mladic está acusado del genocidio de
casi ocho mil musulmanes varones en el enclave de Srebrenica en 1995, que
entonces estaba supuestamente protegido por los “cascos azules” holandeses de
las Naciones Unidas.
Aunque en Honduras los criminales
de los años 80 y del golpe de Estado siguen siendo tratados como héroes,
nombrados en cargos importantes dentro del actual gobierno y sobreseídos por el
remedo de justicia que tenemos, los ejemplos anteriores son un signo de
esperanza que tarde o temprano los violadores de derechos humanos y sus
encubridores tendrán que pagar por sus delitos.
Evidentemente, los operadores de
justicia que abandonaron su papel de garantes de la legalidad constitucional,
al tolerar por acción u omisión las acciones de los violentos, son encubridores
y corresponsables de tales crímenes, ya que “dejar pasar el delito es tanto
como extenderlo en la práctica”.
Por ello, es imperativo que desde
la sociedad se construya una articulación consistente que exija e impulse una
profunda evaluación, depuración y restructuración del sistema de justicia, pues
tal y como lo señaló la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, “el día que
el Poder Judicial ampare a todos los ciudadanos con la misma eficacia que lo
hizo con el general [Romeo Vásquez Velásquez], se alcanzará a ver el fin de la
impunidad en Honduras”.
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