Menos militares y más escuelas

Más de 18 años han pasado desde que el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, presentara el informe titulado “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, el cual constituye “memoria viva de un pasado reciente que, por su importancia para avanzar hacia una sociedad democrática, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, no puede relegarse al olvido”. 

Pese a que este documento señala claramente la responsabilidad penal de los militares que participaron en graves violaciones a derechos humanos, durante tres décadas han logrado evitar ser juzgados por sus crímenes, a tal punto que ninguno de los 184 casos analizados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ha sido seriamente investigado y no se ha producido ninguna sentencia condenatoria.

De los aproximadamente 27 oficiales de las Fuerzas Armadas procesados penalmente por delitos relacionados con estas violaciones ninguno ha sido condenado y muchos de los procesos han terminado en sobreseimientos definitivos.

La impunidad que los ha amparado les ha permitido ostentar desde entonces cargos importantes dentro de las estructuras del Estado, razón por la cual no es de extrañar que algunos de ellos sean los mismos que planificaron, apoyaron y ejecutaron el golpe de Estado de junio de 2009.

En este sentido, los militares han sido protagonistas en los dos eventos más trágicos de la historia reciente de Honduras, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y el golpe de Estado, y en consecuencia, han demostrado que su compromiso está con los poderes oscuros que controlan el país y sus recursos.

Por tanto, en un país como Honduras donde los militares son signo de muerte, de violencia, de desapariciones, de tortura, de corrupción, de violaciones y de golpes de Estado, hoy más que nunca tienen pleno sentido las palabras de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, sobre la posibilidad de eliminar a las Fuerzas Armadas.

Como dice una viñeta que circula por las redes sociales, “una tiza cuesta menos que una bala. Menos militares y más escuelas”. Evidentemente, si los millones de dólares que se gastan en armas, aviones de guerra, salarios a generales y municiones, se invirtieran en carreteras, hospitales, escuelas, centros de salud, viviendas y universidades, Honduras avanzaría con paso firme hasta convertirse en un soñado paraíso caribeño próspero y democrático.