Uno de los elementos
esenciales de la democracia y el Estado de derecho es la existencia de un Poder
Judicial que garantice la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas.
Ambas características
están relacionadas íntimamente ya que la independencia tiene como objetivo
evitar que los jueces y juezas se vean sometidas a restricciones indebidas
en el ejercicio de sus funciones, mientras que la imparcialidad busca que los
juzgadores se aproximen a los hechos careciendo de manera subjetiva y objetiva
de todo prejuicio, ofreciendo garantías que anulen toda duda de parcialidad.
Desde la óptica de
las víctimas, la independencia e imparcialidad judicial son fundamentales para
garantizar la idoneidad y efectividad de los recursos judiciales destinados a
tutelar derechos humanos, pues su ausencia puede provocar su inutilidad y que resulten ilusorios, particularmente en
escenarios políticos de emergencia.
El contexto de
violencia institucional generado por el golpe de Estado en donde el Poder
Judicial se ha puesto al servicio de los victimarios, ha profundizado el estado
general de impunidad, ha colaborado en la existencia de una grave inhibición de
los mecanismos teóricamente adecuados para tutelar los derechos humanos, ha
propiciado la abstención y desidia judicial para atender los recursos
introducidos ante diversos tribunales y se ha dejado a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y
vulnerabilidad.
El juicio contra los subcomisionados de
policía Héctor Iván Mejía y Daniel Matamoros por suponerlos responsables de los
delitos de violación de los derechos de los funcionarios, detención
ilegal y lesiones perpetradas en el marco de la violenta represión del 15 de
septiembre de 2010 en San Pedro Sula, es una muestra más del circo trágico en
el que se ha convertido el poder judicial hondureño, donde muchos jueces y
juezas son simples títeres en manos de los poderes fácticos.
Pese a que el 3 de mayo de 2012
se realizó la audiencia de declaración de imputados y se fijó la audiencia
inicial para el 1 de junio, ésta fue suspendida y pospuesta para el 17 de
agosto. No obstante, de forma inexplicable y sin causa justificada nuevamente
fue suspendida y reprogramada para el 11 de octubre, con lo cual el Juzgado de
Letras de lo Penal de San Pedro Sula ha alargado ilegalmente por más de 5 meses
un plazo que de acuerdo con la ley no debe exceder de 30 días.
No cabe duda, como lo señala la Convergencia por los
Derechos Humanos, que el propósito de estas burdas maniobras por parte de la
jueza es favorecer a los imputados para evitar dictarles el correspondiente
auto de prisión que podría traer como consecuencia la suspensión de sus
funciones dentro de la
Policía Nacional.
Mientras el gobierno de Honduras
juega a los polígrafos con los miembros de la Policía Nacional, el
Departamento de Estado de EEUU investiga al máximo jefe policial por su
supuesta vinculación con violaciones a derechos humanos y quienes protegen a
los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros, demuestran que el poder
judicial ha sido privatizado para salvaguardar sus intereses.
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