La semana
anterior se constituyó la Comisión Interventora del Ministerio Público que se
encargará en los próximos 60 días de la evaluación, depuración, administración
y fortalecimiento de esa institución del Estado.
La comisión
está conformada por María Antonia Navarro y Miriam Guzmán, ambas propuestas por
la Alianza por la Paz y la Justicia; por Lino Tomás Mendoza; y por Ángela
Madrid.
Aunque 60
días para depurar el Ministerio Público parece insuficiente, se debe recordar
que la Comisión Interventora no va a comenzar su trabajo de cero. Existen al
menos 3 informes que han evaluado al Ministerio Público y que han presentado
una serie de recomendaciones que, de implementarse, generarían importantes
cambios en dicha institución para rescatarla y colocarla en la senda
constitucional de representar realmente los intereses generales de la sociedad
y el Estado.
Algunas de
las cosas que esta Comisión puede hacer en 60 días son, en primer lugar,
recomendar la destitución del fiscal general Luis Rubí y del fiscal adjunto Roy
David Urtecho; en segundo lugar, destituir a otras altas autoridades del
Ministerio Público, como la directora de fiscales Danelia Ferrera; en tercer
lugar, evaluar y sustituir a los coordinadores de las fiscalías especiales y
regionales; y en cuarto lugar, expulsar de la institución a aquellos fiscales
sobre los que existan pruebas de su incompetencia, ineficiencia y corrupción.
Sin ignorar que en la intervención del Ministerio Público se juegan
muchos intereses de embajadas, políticos y otros sectores, la sociedad
hondureña debería aprovechar este río revuelto para pensar seriamente en la
elección del nuevo fiscal general en marzo de 2014 y generar las condiciones
que mínimamente garanticen que la misma se realice bajo parámetros de
transparencia e idoneidad.
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