En las últimas
semanas, han salido a la luz pública sendas denuncias contras las fuerzas de
seguridad del Estado de Honduras que nos confirman el retroceso democrático que
implicó el golpe de Estado y el alarmante nivel de control que ejercer los
militares en la vida pública del país.
El 25 de
noviembre, una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), encabezada por su secretario general Luis Guillermo Pérez y por el juez
español Baltazar Garzón, denunciaron la existencia de una lista de 36 personas
consideradas opositoras, a quienes se les ha dado seguimiento por parte de la
Dirección de Inteligencia Militar.
Por su parte, esta
semana el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ratificó dicha denuncia
y publicó la lista que contiene los nombres de periodistas, abogados,
defensores de derechos humanos, artistas, líderes gremiales y comunitarios, y
dirigentes políticos de la oposición, cuyo perfil supuestamente ha sido
elaborado por la inteligencia militar con el objetivo de atentar contra sus
vidas.
Ya en agosto de
este año, Jhony Lagos, periodista de El Libertador, había denunciado que el
personal y el edificio donde funciona el periódico son objeto de vigilancia
encubierta por parte de un sospechoso vinculado a las Fuerzas Armadas.
Y si a ello se
suma la creación de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, bajo el
mando del general Julián Pacheco Tinoco, la cual es una estructura que
interviene las comunicaciones, da seguimiento y utiliza información de
cualquier ciudadano sin que existan verdaderos y efectivos controles
judiciales, resultan extremadamente preocupantes las denuncias señaladas.
Sin duda alguna,
la herencia del golpe de Estado se está manifestando cada vez con mayor fuerza
y el retorno de los militares a la vida política condicionando y decidiendo las
cuestiones públicas del país, nos regresan a las terribles pesadillas vividas
en los años 80’s.
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