La
confirmación de la captura de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo
Sosa, en una operación antidroga en Haití por parte de la policía de ese país y
la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), sin duda alguna arroja un poco
de luz sobre las alcantarillas del crimen y la corrupción en Honduras.
Y esa tímida
luz seguramente está poniendo muy nerviosas a ciertas élites políticas y
económicas hondureñas de quienes se sospecha haber tolerado o colaborado con algunos
carteles de la droga cuyos líderes han sido extraditados a Estados Unidos y han
comenzado a brindar información.
De hecho,
la captura del hijo de Pepe Lobo parece ser un ejemplo claro de ello pues
presuntamente tenía vínculos con Los Cachiros, quienes aportaron las pruebas
necesarias para que la DEA le siguiera la pista, lo capturara y finalmente lo
trasladara a Nueva York donde puede enfrentar cadena perpetua por cargos de narcotráfico.
Curiosamente,
a Fabio Lobo la DEA lo acusa de haber traficado drogas hacia Estados Unidos
durante el tiempo que su padre fue presidente de la república y las autoridades
hondureñas nunca hicieron nada o no quisieron saber nada al respecto.
Además,
como lo señala InSight Crime el arresto del hijo del expresidente Lobo ocurre
después de un misterioso incidente en abril, cuando fueron asesinados un diputado
y su padre, un exjuez de la Corte Suprema de Justicia. El diputado “presuntamente
era un agente político de la familia Valle (…) cuyos líderes también fueron
extraditados a Estados Unidos”.
Estos
hechos no son aislados y reflejan lo que es de conocimiento popular: La estrecha
vinculación de un importante sector de la clase política y económica del país con
organizaciones del narcotráfico.
Esperamos
que la tímida luz que ha comenzado a alumbrar las alcantarillas del crimen y la
corrupción, logre la suficiente intensidad para levantar la tapa con la que se
protege el poder y como lo dijo la exembajadora estadunidense Lisa Kubiske, que
aquellas personas que colaboran con las organizaciones criminales enfrenten “largos
y costosos procedimientos legales, sanciones y condenas”, porque quien ayuda o
tolera a los criminales, también es un criminal.
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