Hace 7 años, atreverse a hablar sobre la reelección
o sobre un proceso constituyente era merecedor de los peores calificativos, de
pena de cárcel y hasta de un golpe de Estado. Resulta que ahora quienes le
asestaron una herida mortal a nuestra débil democracia en nombre de la supuesta
constitucionalidad, ya no salen a la calle, ya no acusan ni amenazan, ni se rasgan
las vestiduras.
El presidente Hernández no solo logró reformar la
Constitución para permitir la reelección a través de un fallo de una Sala de lo
Constitucional controlada por él, sino que acaba de señalar “que llegó el
momento de establecer un nuevo pacto social”. ¿Dónde está la Unión Cívica
Democrática?, ¿por qué se esconden los camisetas blancas?, ¿dónde están las
honorables Fuerzas Armadas para “salvar” la democracia?
De las declaraciones de Juan Orlando Hernández se
deduce que la nueva constitución en la que está pensando, al igual que la
actual constitución de 1982, distará mucho de las características de un
verdadero pacto social que sea producto del consenso de todos los sectores de
la sociedad.
Una constitución es el diseño de cómo idealmente
debe funcionar nuestra sociedad. Por ello, la sociedad hondureña debe tener
presente que una auténtica teoría del poder constituyente exige como requisitos
esenciales (a) que la ciudadanía pueda elegir expresamente a sus representantes
para la redacción de una nueva constitución y (b) que tenga la oportunidad de
aprobar el texto constitucional mediante consultas directas como el referéndum
o el plebiscito.
En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente
es el espacio donde se manifiesta o se institucionaliza el poder constituyente
y consiste en un organismo colegiado, temporal, representativo, democrático y
participativo que además de elaborar una nueva constitución, se constituye en
un mecanismo pacífico, participativo y democrático de transformación de la
realidad política, social y económica del país.
Una Asamblea Nacional Constituyente debe tener
representación de todos los sectores de la sociedad y evitar que como en el
pasado, solo participen los grupos vinculados a las altas esferas del poder
económico, empresarial, religioso y militar del país, mientras la mayoría de la
sociedad hondureña queda marginada de dicho proceso.
Debemos entender que el ejercicio del poder
constituyente no se limita a ser un espacio para elaborar un nuevo texto
constitucional, sino que es una lucha permanente para lograr un cambio profundo
en la institucionalidad del país y en las estructuras que sostienen la
exclusión y la desigualdad del sistema.
También debemos recordar que por decreto no se
cambiará la realidad que vivimos, sino que se requiere la consolidación de una
ciudadanía activa, crítica, participativa y articulada en redes locales y nacionales
para lograr y mantener los cambios sociales, ambientales, económicos, éticos,
culturales y políticos que demanda Honduras.
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