Para contar con un poder
judicial independiente, competente e imparcial es preciso que se establezcan
procedimientos estrictos de nombramiento y elección basados en las mejores
capacidades técnicas, integridad moral y experiencia de los candidatos y
candidatas.
Pese a los esfuerzos para
despolitizar la designación de magistrados y magistradas mediante la reforma constitucional
de 2001 que creó una Junta Nominadora, la reciente elección de la Corte Suprema
de Justicia ratificó que no ha servido de nada pues la extrema
politización partidista sigue impregnando dicha elección.
El vergonzoso espectáculo que significó esta imposición
dejó nuevamente en evidencia que el bipartidismo y los diputados y diputadas
traidoras, primaron las lealtades, los intereses y el amiguismo político para
lograr que 8 de los magistrados sean claramente allegados del oficialista
partido Nacional y 7 del partido Liberal.
Por ello, no le falta razón a la Relatoría Especial
de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados cuando señala que
el Congreso Nacional ejerce un control considerable sobre el sistema de
justicia, “lo cual es incompatible con el principio de separación de poderes y
la independencia del poder judicial, elementos fundamentales de toda democracia
y de todo Estado de derecho”.
No ha existido ni la más mínima vergüenza para
elegir a algunos magistrados y magistradas que ni siquiera obtuvieron las
mejores calificaciones en el cuestionado proceso realizado por la Junta Nominadora,
lo cual una vez más pone en serio riesgo el derecho de la ciudadanía de contar con
juezas y jueces profesionalmente idóneos, honestos, capaces, motivados y
valientes que luchen frontalmente contra la impunidad.
La sociedad hondureña lo
sabe bien y por eso en el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, un
84.2% señala que magistrados y jueces protegen los intereses de los ricos, poderosos y
corruptos.
Pese a esto, el desafío inmediato de la sociedad es
poner a prueba a esta Corte mediante la presentación de casos que la obliguen a
decidir sobre cuestiones fundamentales que sostienen este sistema corrupto y
excluyente.
De esta manera la pondremos a elegir entre dos
caminos: adoptar resoluciones apegadas a la Constitución y a los tratados internacionales
de derechos humanos aunque entren en conflicto con los intereses políticos
dominantes o continuar con su papel de estar al servicio de los poderes
fácticos y de espaldas a los intereses generales de la sociedad.
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