El asesinato de Berta Cáceres es responsabilidad del Estado de Honduras por su falta de voluntad de garantizar la participación ciudadana y respetar el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades donde se pretenden realizar los proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos, de bosque y otros, a pesar que la normativa internacional –la Convención Americana y el Convenio 169- lo obliga a que la normativa interna también garantice este derecho. Por no respetar y garantizar el derecho a la consulta previa es que recientemente Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
La ausencia de participación ciudadana y el incumplimiento del derecho a la consulta previa e informada son condiciones generadoras de violaciones a los derechos humanos que podrían evitarse si las autoridades hondureñas respetaran y garantizaran los tres elementos fundamentales de este derecho: La participación efectiva de los miembros de las comunidades en relación con todo plan de desarrollo que se lleve a cabo dentro de sus territorios, la razonabilidad de los beneficios derivados de los proyectos para las comunidades y la no emisión de ninguna concesión dentro de sus territorios sin la realización de un estudio de impacto independiente.
Ahora que el Estado de forma cínica intenta lavarse las manos por este crimen, hay que recordarle lo que señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe sobre Honduras, “los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos por el Estado de ataques por terceros, especialmente cuando éstos ocurren en el marco de conflictos por el territorio ancestral. En casos así, cuando el Estado sabe o debería saber del riesgo, las autoridades estatales están obligadas a tomar medidas razonables para prevenir la ocurrencia de dichos conflictos, proteger a las comunidades indígenas de ataques violentos, e investigar y sancionar efectivamente a los responsables".
No hay comentarios:
Publicar un comentario