El asesinato
de Berta Cáceres vino a desnudar algo que diversas organizaciones
internacionales vienen denunciando desde hace tiempo: Que en Honduras existe
una persistencia de ataques, amenazas, hostigamientos y criminalizaciones
contra líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos
humanos en general y de ambientalistas en particular.
De
acuerdo con la organización Protección Internacional, Honduras en el país más
peligroso del mundo para los ambientalistas, ya que además de ser víctimas de
asesinatos, se enfrentan a amenazas que quedan impunes. Solo en el año 2015 fueron
asesinados cuatro defensores de las comunidades lencas y en febrero de este año
asesinaron a cinco indígenas Tolupanes.
Según
Global Rights, entre 2010 y 2015, fueron asesinados 109 ambientalistas. Debido
al riesgo de perder la vida o sufrir un daño a la integridad física de quienes
defienden el medio ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
otorgado medidas de protección que deberían ser implementadas por el Estado
hondureño.
Sin
embargo, el Estado, en vez de cumplir con su obligación de prevenir e
investigar tales hechos, ha utilizado la represión y persecución política de
quienes se oponen a proyectos inconsultos y contrarios a los derechos humanos.
De
acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia, a estas personas se les cataloga como terroristas, delincuentes y guerrilleros, y son víctimas de una
escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, detenciones ilegales,
asesinatos y criminalización por parte de políticos, militares, guardias de
empresas de seguridad privada, empresarios agrícolas, hoteleros e incluso
personas vinculadas con el crimen organizado que andan en pos de las tierras de
las comunidades.
Como ha
señalado la Comisión Interamericana, muchos de los ataques proferidos en contra
de la vida e integridad personal de líderes, lideresas y defensores indígenas
tienen la intencionalidad de reducir las actividades de defensa y protección de
sus territorios y bienes naturales, así como la defensa del derecho a la
autonomía e identidad cultural.
Y esta
situación se agrava aún más si se trata de mujeres pues Honduras ocupa el
segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca
México y Centroamérica. De las 119 agresiones registradas solo en 2012, 95 fueron
contra defensoras de la tierra y los bienes naturales.
Es en este contexto en
el que se ubica el asesinato de Berta Cáceres, razón por la cual, el Estado de
Honduras debe avanzar líneas de investigación en ese sentido. No obstante,
estamos presenciando la utilización macabra del Ministerio Público para desviar
la investigación de los verdaderos responsables que todo mundo conoce y que son
aliados financieros del gobierno actual.
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