El
grupo de Juan Orlando Hernández ha venido implementando una estrategia parecida
a la utilizada por la junta de comandantes de Argentina antes de dar el golpe
de Estado de 1976 e instaurar una salvaje dictadura: usar una crisis para
obtener todo el poder.
La
crisis de seguridad que vive el país ha sido la excusa perfecta para que el
Estado de derecho en Honduras pierda su vigencia y para que el propio gobierno
civil constitucional delegue su autoridad a las Fuerzas Armadas.
Así
como en Argentina se activó el Consejo de Seguridad en el que los militares
tenían un papel preponderante, el gobierno de Hernández activó el Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad, el cual ha desplazado al Congreso Nacional en
la toma de decisiones fundamentales en materia de justicia y seguridad.
Así
como en Argentina se aprobaron leyes autoritarias con la excusa de la lucha
contra el comunismo, en el gobierno de Hernández se ha aprobado un arsenal
jurídico para militarizar todo, con la excusa de que las Fuerzas Armadas son la
única institución capaz de salvarnos de los narcos, los mareros, los sicarios y
los extorsionadores.
En los tiempos actuales no hay nada en el país que
no esté controlado por los militares y no hay ninguna institución democrática
que pueda o quiera defender la institucionalidad y la naturaleza civil del
ejercicio del poder político.
Ni el Congreso ni la Corte Suprema de Justicia ni el
Ministerio Público ni el Comisionado Nacional de Derechos Humanos se atreven a
tomar contundentes medidas democráticas que impidan el avance de un Estado
autoritario encabezado por los militares, que día a día devora nuestras
libertades.
Paradójicamente,
este Estado autoritario activa toda su maquinaria punitiva y sacrifica las
declaraciones, derechos y garantías
constitucionales para perseguir la criminalidad ejercida por personas que no
forman parte de los grupos de poder o que simplemente son oposición.
Pero la delincuencia de cuello blanco cometida por
corruptos, narcopolíticos, narcopolicías y narcomilitares es tratada con
guantes de seda, se claman todas las garantías del debido proceso o simplemente
quedan en la impunidad, hasta que con suerte una potencia extranjera los
reclama en extradición.
No cabe duda que estamos viviendo una reactualización de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” bajo la fachada de la doctrina de la seguridad ciudadana y que día a día se implementa una guerra sucia de baja intensidad que nos pone en peligro a todos y todas, especialmente a quienes nos oponemos a este modelo autoritario y de muerte.
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