La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.
La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión presidencial” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.
Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales serán resueltos en los próximos días por la Corte Suprema de Justicia, trascendiendo extra oficialmente que la posibilidad de despido es inminente contra estos operadores de justicia.
El Caso de los jueces y magistrados hondureños ha obtenido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha exigido que se “revisen las decisiones adoptadas respecto a jueces y defensores públicos sometidos a procesos disciplinarios en relación con la crisis política y las actividades de protección de derechos humanos”.
Pese a todas estas manifestaciones, los procedimientos investigativos se han prolongado por aproximadamente nueve meses. Siendo inconcebible su instrucción pues las mismas autoridades llamaron mediante comunicación escrita a los jueces y funcionarios a participar en una marcha a favor del régimen de facto, del mismo modo, otro sector de la judicatura se ha pronunciado favorablemente en torno a la posición de la Corte Suprema en su lectura de la “sucesión presidencial” del 28 de junio de 2009.
En estas circunstancias, es fácil entender que los expedientes disciplinarios en contra de los jueces y magistrados hondureños, constituyen una agresión a las libertades de expresión, reunión y de asociación, y por ende, de producirse despidos, la afectación sería a los valores y principios constitucionales democráticos, hoy por hoy, en pugna con el autoritarismo y la intolerancia en el poder judicial de Honduras.
La garantía de inamovilidad para los(as) jueces (zas) y magistrados(as) expedientados(as) representa en la actualidad un respaldo a toda la judicatura hondureña, pues de producirse los despidos se silenciarán las voces críticas y la menguada independencia de los jueces y magistrados se vería seriamente quebrantada.
Ante la realidad descrita en grandes líneas, surge este llamamiento nacional e internacional, para que las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de jueces y sus federaciones se pronuncien de forma urgente y a la brevedad en contra de estos despidos y pidan a la Corte Suprema de Justicia el respeto a la estabilidad y los derechos y libertades de los jueces y magistrados hondureños.
También pueden adherirse a este llamamiento de forma individual todos y todas las personas que quieran sumar su voz y su nombre en defensa de la independencia judicial en Honduras.
Sus llamamientos los pueden remitir a las direcciones de los(as) Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia que son las siguientes:
JORGE ALBERTO RIVERA AVILEZ presidencia@poderjudicial.gob.hn,
mlanda@poderjudicial.gob.hn, jarivera@poderjudicial.gob.hn
ROSA DE LOUDES PAZ HASLAM rpaz@poderjudicial.gob.hn
JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL jruiz@poderjudicial.gob.hn
ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA rcruzs@poderjudicial.gob.hn
JACOBO CALIX HERNANDEZ jcalixh@poderjudicial.gob.hn
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA ochinchilla@poderjudicial.gob.hn
GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA gebustillo@poderjudicial.gob.hn
JORGE REYEZ DIAZ jreyesd@poderjudicial.gob.hn
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA emlopez@poderjudicial.gob.hn
MARCO VINICIO ZUNIGA mvzuniga@poderjudicial.gob.hn
VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA vmmartinez@poderjudicial.gob.hn
TOMAS ARITA VALLE tarita@poderjudicial.gob.hn
RAUL HENRIQUEZ INTERIANO rhenriquez@poderjudicial.gob.hn
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO ccalix@poderjudicial.gob.hn
JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS jagutierrez@poderjudicial.gob.hn
San Pedro Sula, 3 de mayo del 2010.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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