Esta semana, el Estado de Honduras se enfrenta a un segundo escrutinio ante la comunidad internacional en relación con la situación de los derechos humanos.
El primero fue el pasado 25 de octubre en dos audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, y de las cuales el gobierno de Lobo Sosa no salió bien librado, ya que era prácticamente imposible rebatir los argumentos de las organizaciones nacionales e internacionales respecto de la profundización de la crisis política y de la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
Los representantes estatales en vez de admitir esta realidad y asumir una posición acorde con el diálogo del que tanto alarde hace el gobierno central, intentaron tapar el sol con un dedo y sólo se limitaron a descalificar a las víctimas y a caer en graves contradicciones.
El segundo escrutinio se realizará el próximo 4 de noviembre en Ginebra, Suiza, en donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará al Estado hondureño mediante el Examen Periódico Universal para determinar si se ha avanzado o no en materia de derechos humanos.
Para evitar repetir el vergonzoso papel que el Estado desempeñó ante la Comisión Interamericana, han enviado a Ginebra a una importante y costosa comitiva para hacerle frente a los cuestionamientos que seguramente le hará el Consejo. De acuerdo con la Comisionada presidencial de derechos humanos, Ana Pineda, no irán a Ginebra a justificar las violaciones a los derechos humanos sino a plantear los avances que han logrado en esta materia.
No obstante, lo dicho por la abogada Pineda se contradice con el informe escrito que envió el Estado hondureño a Ginebra, según el cual, en Honduras no pasa nada y los asesinatos, torturas, secuestros, detenciones ilegales, etc. no son violaciones a los derechos humanos sino delitos cometidos por grupos vinculados al crimen organizado.
Afortunadamente, el procedimiento del Examen Periódico Universal permite que el Consejo reciba información de otras fuentes distintas al Estado y en este sentido, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos le han enviado información, se han reunido con misiones diplomáticas en Bruselas y Ginebra, y estarán presentes el día 4 de noviembre para seguir denunciando ante la comunidad internacional que la lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos continúa siendo una tarea pendiente que el gobierno de Lobo Sosa no quiere afrontar.
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