El sitio de internet WikiLeaks acaba de revelar cientos de miles de cables confidenciales de Estados Unidos que confirman un secreto a voces: Que las embajadas y misiones diplomáticas estadounidenses en el mundo forman parte de una red de espionaje global.
La importancia particular de estos documentos para Honduras radica en que entre ellos, hay un cable de la embajada estadounidense en Tegucigalpa a cargo de Hugo Llorens en el que le informa al entonces subsecretario de Estado, Tomas Shannon, que lo que ha habido en Honduras es un golpe de Estado planificado y ejecutado por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas.
Si bien la comunidad internacional y la mayoría del pueblo hondureño han estado claros al respecto, quienes apoyaron y ejecutaron el golpe de Estado han mantenido el discurso de la supuesta sucesión constitucional; incluso, a finales de octubre el subprocurador del Estado sostuvo prepotentemente dicho alegato en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta farsa de la sucesión constitucional ha servido para legalizar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles, militares y policías, para que líderes religiosos y grandes medios de comunicación bendijeran y legitimaran la barbarie contra el pueblo hondureño y para que la fiscalía, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia dejen en la total impunidad a los responsables intelectuales y materiales de tales crímenes.
La revelación de este documento sobre el golpe de Estado constituye una prueba más que desafía a la Comisión de la Verdad instaurada por el gobierno de Lobo Sosa en el sentido de tener la obligación de dar los nombres y apellidos de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y recomendar su juzgamiento.
También es una bofetada a la hipocresía de aquellos que defienden el rompimiento del orden constitucional y una piedra en la boca del régimen actual que habla de reconciliación y respeto de los derechos humanos pero que mantiene en las estructuras del Estado y del gobierno a sus máximos violadores.
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