Ante la inminente reforma constitucional para la creación del Consejo de la Judicatura que se realizará en los próximos días en el Congreso Nacional, la Asociación de Jueces por la Democracia plantea a la opinión pública en general y a los jueces y juezas, en particular, lo siguiente:
En primer término, expresamos nuestra preocupación por la premura con que se pretende realizar esta reforma constitucional sin que la misma haya sido consensuada con la asociaciones judiciales y las organizaciones sociales, lo cual es, desde todo punto de vista, reprochable, pues la creación del Consejo de la Judicatura afectará la estructura institucional del Poder Judicial, bien, de una manera positiva, para fortalecer y recuperar su independencia y credibilidad hoy por hoy duramente cuestionada; o negativamente, pretendiendo un nuevo reparto político partidario que ahondaría las profundas debilidades del sistema de administración de justicia.
En este contexto, nuestro planteamiento es que la reforma constitucional debe hacer posible de manera efectiva la separación de la función administrativa de la jurisdiccional, lo que se traduce en que la Corte Suprema sea liberada de todas las funciones administrativas, entre otras, las de nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los jueces y juezas, que deberán ser asumidas por el Consejo de la Judicatura, reservándole a la Corte Suprema de Justicia únicamente las funciones judiciales. En este orden de cosas, es necesario que se reforme el artículo 313 de la Constitución de la República y que las funciones de tipo administrativo contenidas en el mismo sean asignadas, a través de esta reforma, al Consejo de la Judicatura.
En consonancia con la reforma del artículo 313 deberá realizarse a su vez la reforma del artículo 317 en el sentido de que el nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura no se realice por la Corte Suprema de Justicia, pues tal designación les restaría independencia y los ubicaría como subalternos de los magistrados de la CSJ.
La reforma debe limitarse a estos dos aspectos fundamentales, a saber: asignar exclusivamente las funciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia para que las administrativas sean asumidas por el Consejo, y evitar que los Consejeros sean nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Los demás aspectos como ser: la forma de elección, la integración, la reelección y otros, deben ser objeto de la correspondiente Ley, la que deberá ser ampliamente discutida y socializada previo a su aprobación, que se anuncia será en el próximo mes de febrero.
En este marco de la reforma constitucional, nuestra posición como actores beligerantes que venimos reclamando, desde hace varios años, la separación de la función administrativa de la función jurisdiccional, es que, tanto el Consejo de Judicatura como la nueva Ley de Carrera Judicial, deben ser instrumentos para revertir la pérdida de institucionalidad del Poder Judicial, y, que estos cambios contribuyan a una profunda reestructuración de este poder del estado y a dotarlo de las condiciones objetivas para ser verdaderamente independiente.
Como asociación de jueces independiente, anunciamos que junto a las organizaciones sociales del país, y los organismos internacionales de derechos humanos estaremos vigilantes y exigimos participación en la discusión y debate, previo a la aprobación de la reforma y de la Ley del Consejo de la Judicatura, elevando desde ya nuestra voz de alerta para que la clase política representada en el Congreso Nacional, no convierta esta reforma en un vergonzoso reparto de cargos entre los partidos políticos.
Finalmente reiteramos que la reforma en su conjunto debe darse con la participación decisiva y amplia, tanto de los jueces y de sus asociaciones, como de las organizaciones sociales y populares de todo el país.
¡POR UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE!
San Pedro Sula, Cortés, 15 de enero de 2011
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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