Dr. Juan Almendares*
Recibimos la denuncia telefónica el día 27 de enero 2011 a las 6 P.M. por parte de los miembros de la Empresa de Asociados Buenos Amigos Elixir de Sabá, Departamento de Colón; que ese mismo día a las 4 P.M. llegaron aproximadamente un pelotón integrado por ochenta militares y policías, quienes sin presentar la debida orden judicial, procedieron al desalojo violento de 100 familias aterrorizando a 105 niños, niñas y un total de 462 personas.
Cinco días previos al desalojo; la comunidad había sido hostigada por un pelotón de 50 policías y militares.
Confirmamos con la Posta de la Dirección General de Investigación Criminal de Tocoa Colón la detención de tres personas con sus respectivos números de identidad: Santiago Rodríguez 1012-1962-00087; Santos Tomas Ríos 0603-1962-00006; Jorge Reynaldo Reynaldo Santos 0201-1984-00659.
La información fue proporcionada por una oficial de la Dirección de Investigación Criminal a quien no pudimos identificar por su nombre y nos manifestó que existía una orden de captura del Juzgado de Letras del 20 de enero del 2011. Sin embargo, otras fuentes nos informaron que no existía la citada orden.
Según nos manifestaron los denunciantes la captura de los tres miembros de la Empresa Campesina fue violenta; fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La oficial de la posta policial nos negó el hecho. Sin embargo las personas no fueron examinadas por ningún médico o personal de salud; ni tampoco se nos permitió hablar telefónicamente con ellos ni pudimos contactar con la Fiscal de turno por fallas del sistema de comunicación.
Durante el desalojo, además del terror y tortura psicológica; la comunidad campesina fue despojada de sus pertenencias: alimentos, instrumentos de cocinar y ropa; lo cual no ha sido reintegrado. Situación que agrava la condición de desnutrición de los niños y niñas quienes pueden sufrir de hipoglucemia (niveles bajos de azúcar); por falta de alimentos lo cual puede producirles daño cerebral e incluso morir.
Presentamos esta denuncia a los organismos nacionales del Estado y a la comunidad Internacional; porque estos hechos en Honduras; históricamente son harto frecuentes. Una orden de un juez que nunca llega al lugar de los hechos; es interpretada por los cuerpos policiales y militares como la justificación de torturar, golpear mujeres, niños y niñas, quemas de casas y despojar de los paupérrimos recursos a los campesinos, garífunas e indígenas.
En Honduras las acciones represivas se justifican en nombre de la Ley y del Estado de Derecho. Se cometen los peores crímenes; porque estas leyes han sido instauradas por la violencia y la impunidad de los sectores hegemónicos y dominantes responsables del trauma, terror, tortura, y de masacres campesinas.
Demandamos el cese la violencia contra las comunidades campesinos, justicia y respeto a la vida de quienes viven como verdaderos condenados de la tierra.
Tegucigalpa 27 de enero 2011.
*Director Ejecutivo del CPTRT(Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares.
cc: Amnistía Internacional, CEJIL, CIDH, Cuerpo diplomático, APT, OMCT, ONU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario