Si la semana pasada creímos que con la elección del Fiscal General del
Ministerio Público y su adjunto se cerraba el círculo del poder absoluto, el
Congreso Nacional, aprovechando la algarabía del partido Honduras-México, tomó
una nueva decisión que definitivamente garantizará la impunidad. Nos referimos
a la elección del primer Consejo de la Judicatura.
De acuerdo con la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera
Judicial, con este nuevo órgano se separan las funciones administrativas y
jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, lo cual en teoría debería
garantizar que la selección, ingreso, traslado y remoción de los jueces y
juezas no queda en manos de los magistrados, sino de un órgano independiente.
En otras palabras,
el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es el encargado de organizar
y dirigir financieramente y administrativamente el Poder Judicial y nombrar y
remover a magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás
funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.
En este sentido, su conformación es fundamental para garantizar la
independencia, imparcialidad y competencia de los operadores judiciales.
Por ello, el
Congreso Nacional, sabiendo de la importancia de este nuevo órgano, eligió por
una mayoría de 110 votos a favor a Julio César Barahona, Rolando Argueta,
Francisco Quiroz y Teodoro Bonilla como propietarios y a Liliam Maldonado y
Celino Aguilera como suplentes, cuyos nombres ratifican una vez más la lógica del reparto político partidario en menoscabo de los intereses
de la justicia.
Pero además, pese
a que el artículo 4 de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera
Judicial prescribe que las asociaciones de jueces tendrán derecho a integrar un
representante cada uno, el Congreso Nacional violentó esta normativa y eligió a
dos representantes de la Asociación de Empleados y funcionarios del Poder
Judicial de Honduras (ASOJMAH) y excluyó a la
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
Evidentemente,
esta exclusión se debe a que la AJD ha jugado un papel fundamental en la
defensa de la independencia judicial, mientras que la ASOJMAH es simplemente una asociación plegada al poder de turno.
El descaro y la desvergüenza no tienen límites para esta clase
política. ¿Cuánto más soportaremos y permitiremos que la corrupción, el
cinismo, la arbitrariedad y la ilegalidad de estos políticos nos condenen a
seguir siendo una república bananera?
No hay comentarios:
Publicar un comentario