De acuerdo con el más reciente
informe de Human Rights Watch, las personas que ejercen el periodismo y la
comunicación social continúan siendo víctimas de amenazas, ataques y asesinatos,
frente a los cuales las autoridades han fallado constantemente en investigar y
sancionar a las personas responsables.
Desde el golpe de Estado han
sido asesinadas más de 30 personas periodistas y comunicadoras, y cada una de
las muertes tiene sus propias características. Entre las personas asesinadas
hay afines a la resistencia; otros laboraban en medios de comunicación
comprometidos con el golpe; y hay quienes no tenían ninguna participación
política directa.
Como lo señala el padre Ismael
Moreno, es aquí donde radica lo más terrible de esas muertes. “Basta con que
una persona utilice en sus labores un micrófono, una computadora o una cámara
para publicar o divulgar información que afecte a los poderosos de la
comunidad, el municipio o el departamento, para que la vida de quien dio la
noticia quede expuesta a un riesgo mortal”.
Solo
el año pasado el Comité por la Libertad de Expresión registró 10 asesinatos. La
muerte más reciente de un comunicador social sucedió el 15 de diciembre de 2014
en Comayagua cuando el propietario del RPM Canal 28, Reinaldo Paz Mayes, fue
acribillado por desconocidos mientras hacía ejercicio.
Esta
vez le tocó el turno trágico a Carlos Fernández, quien era miembro activo de la
Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales y que fue
asesinado la noche del jueves 5 de febrero, en el municipio de Roatán,
departamento de Islas de la Bahía. Sus asesinos lo esperaban cerca de su
domicilio y le dispararon en el tórax y en la sien. Con Fernández, la cifra de
este tipo de asesinatos sube a 51 desde el año 2003.
La
impunidad es un círculo vicioso que solo puede detenerse cuando el Estado asuma
diligentemente su obligación de investigar y sancionar a los responsables de
estos y otros crímenes.
A
la ciudadanía nos toca continuar exigiendo justicia y denunciando la
incompetencia de las autoridades estatales en el cumplimiento de su deber de
prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.
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