Hace 3 años, el empresario Kenton Landa Uclés acusó
a 8 líderes indígenas tolupanes de la Tribu de San Francisco en Locomapa, Yoro,
por el supuesto delito de obstaculización en la ejecución de un proyecto
maderero. Como suele suceder en esta Honduras de impunidad, el Ministerio
Público corrió a presentar el requerimiento fiscal que culminó en un auto de
prisión dictado por un tribunal el 27 de diciembre de 2012.
El abogado Víctor Fernández presentó un recurso ante
la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, argumentando que los tolupanes lo
único que hicieron fue defender su territorio, ya que el plan de manejo de
explotación de madera había sido autorizado por el Instituto de Conservación
Forestal sin consultar a la comunidad, como lo exige el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
Se debe dejar claro que los
tolupanes no están en contra de los proyectos de desarrollo, solo exigen que se
cumpla la ley en el sentido de que se haga efectivo su derecho a la consulta
previa, libre, informada y de buena fe; que se garantice que puedan
beneficiarse
razonablemente de tales proyectos; y que no se emita ninguna concesión dentro de
sus territorios a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente
capaces, bajo la supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto
social y ambiental.
La Corte de Apelaciones determinó aceptar los
argumentos anteriores y absolvió a los líderes tolupanes y dejó establecido que
la consulta y el consentimiento previo es un derecho humano de los pueblos
indígenas, por lo que el Estado tiene la obligación de respetarlo y
garantizarlo.
Sin duda alguna, esta sentencia constituye un
antecedente y una herramienta muy importante para la lucha que los pueblos y
comunidades vienen realizando en la defensa de sus territorios frente a
proyectos mineros, hidroeléctricos, madereros y de otra clase que se hacen a
espaldas y en prejuicio de la gente.
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